19 junio, 2025
Por Édgar Escamilla
Xalapa, Ver.– Periodistas, medios y organizaciones denunciaron públicamente el aumento del acoso judicial y la censura en el contexto de las elecciones de junio de 2025, particularmente en los estados de Veracruz y Durango, donde se han presentado casos alarmantes de persecución institucional contra comunicadores que ejercen su derecho a informar.
Uno de los casos más graves ocurrió en Veracruz, donde periodistas y medios fueron blanco de denuncias por parte de candidatas que hicieron uso de la figura legal de violencia política en razón de género para censurar reportajes críticos. En total, de los 21 casos registrados en 2024, el 21.57% utilizó dicha figura legal, según datos de Artículo 19, quien alertó sobre el uso desvirtuado de esta herramienta para silenciar al periodismo.
En ese estado, periodistas como Élfego Riveros, locutor de la estación de radio comunitaria Radio Teocelo, enfrentan medidas judiciales tras transmitir un spot donde se retratan malas prácticas de nepotismo en candidaturas plurinominales sin mencionar nombres. Fue condenado a pedir una disculpa pública, retirar la información, pagar una multa y quedar inscrito en una lista de agresores por violencia política en razón de género, a pesar de que no hubo amenazas, ofensas directas ni insultos.
En mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz recibió una nueva demanda contra Radio Teocelo, que incluyó a La Jornada Veracruz, por haber entrevistado al director de la radio comunitaria, y a Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, por haber denunciado en su colaboración transmitida por Canal 44 de la UdeG el abuso judicial en los casos de Héctor de Mauleón y de la candidata veracruzana.
También fueron denunciados Ángel Camarillo, por una nota en Alcalorpolitico que señalaba vínculos familiares entre candidatas y políticos en funciones, así como los periodistas María Isabel Ortega, Alfredo Quezada, Ángel Camarillo y Eliseo Tejeda, quienes habrían violado presuntamente la ley por señalar lazos familiares entre candidatas y funcionarios.
El Tribunal Electoral se declaró incompetente para juzgar el caso y lo turnó al OPLE de Veracruz, que dictó medidas cautelares para que todos los materiales publicados fueran retirados. Las resoluciones impiden a los periodistas hablar o escribir sobre las candidatas denunciantes, interfieren con el derecho a saber de la ciudadanía y representan censura previa.
A nivel nacional, se recordó el caso de Marcela Nochebuena y Animal Político, quienes enfrentan hostigamiento judicial por publicar un caso médico de violencia ginecológica. También el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar artículos donde señalaba redes de corrupción y nepotismo vinculadas a candidatas, siendo acusado también de violencia política en razón de género.