Agencia Innova Digital.- La llamada “Ley Esposa”, aprobada en San Luis Potosí, ha encendido las alarmas en la política mexicana. Bajo el argumento de garantizar la paridad de género, la reforma obliga a que en 2027 las candidaturas a la gubernatura sean exclusivamente femeninas. Sin embargo, detrás del discurso de igualdad, la sombra del nepotismo se cierne sobre la iniciativa: diversos actores señalan que la medida podría convertirse en un traje a la medida para favorecer a Ruth Miriam González, senadora del PVEM y esposa del gobernador Ricardo Gallardo.
El mandatario local presume que “por primera vez hay una posibilidad real” de que una mujer gobierne el estado, pero críticos advierten que la reforma es más una jugada de poder que un avance democrático. Morena ya anunció que llevará el caso a la Suprema Corte, acusando que la norma es “una simulación para promover ciertos perfiles” y que los mecanismos del INE son suficientes para garantizar la paridad.
La polémica no termina en San Luis Potosí. Iniciativas similares se discuten en Nuevo León e Hidalgo, donde los Congresos locales analizan replicar la fórmula. El riesgo es evidente: que la bandera de la igualdad se convierta en un instrumento para perpetuar el poder de las élites políticas a través de sus cónyuges.
El contexto no ayuda. En 18 de los 19 estados gobernados por hombres, sus esposas ya ocupan cargos públicos, la mayoría como presidentas honorarias del DIF o de organismos sociales creados a modo. La práctica, heredada desde 1977, se mantiene viva pese a los intentos de modernización institucional.
La “Ley Esposa” abre un debate incómodo: ¿se trata de un verdadero avance hacia la paridad o de un disfraz para consolidar el poder familiar en la política mexicana? Lo cierto es que, bajo el manto de la igualdad, la reforma amenaza con perpetuar los mismos vicios que dice combatir.
