Agencia Innova Digital.- En un movimiento que despierta alertas sobre la soberanía nacional, el Senado de la República se encamina a validar una nueva solicitud del Poder Ejecutivo para permitir el despliegue de tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano. Esta decisión se suma a la reciente y controvertida aprobación “fast track” de la semana pasada, consolidando una dinámica de cooperación militar con Washington cada vez más visible bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
El nuevo despliegue en puerta
Apenas días después de autorizar el arribo de fuerzas de élite, la Cámara Alta tiene en su agenda la votación para permitir el ingreso de 12 militares estadounidenses adicionales. Este nuevo grupo se sumaría a los 19 Navy SEALs que ya recibieron luz verde el pasado 11 de febrero para operar en el país con fines de adiestramiento.
De acuerdo con los planes de cooperación vigentes, estas incursiones militares contemplan:
- Entrenamientos especializados en los centros de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.
- Operaciones en la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel.
- Capacitación en tácticas críticas como el uso de drones, neutralización de explosivos, combate urbano y rural, así como técnicas de francotirador.
¿Soberanía en pausa?
Aunque el artículo 76 de la Constitución faculta al Senado para autorizar el paso de tropas extranjeras, la frecuencia y naturaleza de estos permisos han generado cuestionamientos. A principios de enero de 2026, el Senado había puesto una pausa a estas discusiones debido a la tensión internacional provocada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. No obstante, la pausa parece haber terminado abruptamente.
El “doble aval” parlamentario en un lapso tan corto —primero a los SEALs de la Marina y ahora a fuerzas especiales del Ejército de EE. UU.— ocurre mientras se intensifican las señales de coordinación bilateral en seguridad, incluyendo operativos conjuntos en el ámbito marítimo y preparativos militares de cara a la Copa Mundial 2026.
A pesar de que el Gobierno de México sostuvo anteriormente que no aceptaría la participación directa de fuerzas militares estadounidenses frente a las amenazas de los cárteles, la realidad en el Senado muestra una apertura sin precedentes para el personal armado del vecino país. La votación de este nuevo permiso confirmará si la tendencia de militarización coordinada con Washington es ahora la política oficial de seguridad nacional.