¡La atraparon con las manos en la masa! En un descarado acto que pone en entredicho la supuesta “neutralidad” de la justicia, la jueza penal de Sonora, Blanca Diva Ponce Caro, tuvo que salir por la puerta de atrás. Esto ocurrió tras filtrarse el escandaloso momento en el que, sin el menor pudor, rendía protesta como dirigente seccional de Morena en Ciudad Obregón. La funcionaria operaba abiertamente para el partido oficialista mientras cobraba del presupuesto judicial.
Morena se lava las manos ante el escándalo
Ante el evidente conflicto de interés y la indignación pública, la dirigencia estatal de Morena aplicó su clásica estrategia de control de daños. Le retiraron la militancia de inmediato. La presidenta del partido en el estado, Judith Armenta, intentó deslindarse con una cuestionable justificación. Aseguró que “actúan de buena fe” y que, entre sus miles de afiliados, les era “imposible” saber que tenían a una jueza en activo operando en sus filas.
El Poder Judicial intenta minimizar el daño
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, salió apresuradamente a apagar el fuego. El magistrado recordó que la ley prohíbe estrictamente a los jueces participar en política. Sin embargo, minimizó el hecho calificándolo como un simple “caso aislado”. Esto genera serias dudas sobre cuántos magistrados más operan bajo las sombras de la política electoral. [1]
Cabe destacar que Ponce Caro había contendido el año pasado en la polémica elección de jueces y magistrados. Este antecedente deja en claro que sus ambiciones políticas siempre estuvieron por encima de la imparcialidad que exigía su toga.