Por Fanny Yépez
Se fortalece la lucha de académicos contra la prórroga de la UV
Es una designación ilegitima aseguran los académicos
Con el aval del OPLE, una empleada de Unanue hizo ganar a Marijose
– Si el OPLE lo autorizó, piensa mal y acertarás.
La lucha de investigadores y académicos dista mucho de claudicar, por el contrario, se ha fortalecido, este jueves 15 ex integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana lanzaron a la opinión publica el segundo pronunciamiento, donde establecen su postura de rechazo a la prórroga para la permanencia en la rectoría de Martín Aguilar Sánchez.
Los ex integrantes de la Junta de Gobierno, en el manifiesto califican como “designación ilegítima” de Martin Aguilar y señalan que esto constituye un abuso de parte de este organismo y advierten los firmantes que eso no sólo establece un ominoso precedente para futuros procesos de designación rectoral.
Cabe precisar que los académicos que forman parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana que está integrada por nueve miembros, incluye a: Juan Manuel Pinos Rodríguez (presidente en turno), Diana Folger Pérez Staples (secretaria), Ernesto Isunza Vera, María Angélica Buendía Espinosa, José de Jesús Franco López, María Adela Monreal Gómez, Alan Jesús Morgado Bustos, Héctor Vázquez Leal y Haydee Zizumbo Ramírez. Estos personajes son los que se prestaron a esta parodia o remedo de elección democrática.
Texto Íntegro de ex integrantes de la Junta de Gobierno
Los que a continuación firmamos, ex miembros de la Junta de Gobierno de la
Universidad Veracruzana, lamentamos que la actual Junta haya impulsado y concluido un inédito e ilegítimo proceso de “prorrogación de mandato” del rector en ejercicio, Martín Aguilar Sánchez, a petición de él mismo. Este hecho no sólo establece un ominoso precedente para futuros procesos de designación rectoral, sino que constituye un acto de abuso por parte de la Junta de Gobierno de la confianza que en ella tenía la Comunidad, al atribuirse capacidades de las que carece y al impulsar acciones contrarias al espíritu de la Legislación Universitaria.
El irregular proceso ha producido una designación ilegítima, así como la cancelación de los sanos e indispensables procesos de auscultación, presentación y debate de proyectos de aspirantes a la Rectoría, así como de un debate crítico en torno a un balance de la gestión del rector en ejercicio. Esta vez ese balance lo ha hecho la Junta sin tomar en consideración a la comunidad universitaria (más allá de una precipitada “consulta”) ni propiciar un debate amplio. Más aún, el desacuerdo con este proceder produjo la renuncia de dos integrantes de la Junta sin que ésta los haya explicado a la Comunidad.
Las consecuencias de este proceso anómalo son y serán muy importantes en la vida interna de la UV. Para empezar, hay un manto de ilegitimidad en la designación que será muy difícil de borrar. Además, el prestigio y la confianza que sucesivas generaciones de miembros de la Junta de Gobierno habían construido al respetar fielmente la legislación universitaria, están ahora en crisis.
Exhortamos a la comunidad universitaria a que reflexione y analice nuevas formas de gobierno dentro de la Universidad, buscando mayor transparencia, participación y debate informado, protegiendo siempre el principio fundamental de la autonomía universitaria.
La crisis actual debe conducir a una nueva época de la vida universitaria caracterizada por una mayor democracia interna, el fortalecimiento de las capacidades académicas, la ampliación de la oferta universitaria y la ratificación del compromiso social de la Universidad.
Jaime Cervantes de Gortari, Ricardo Corzo Ramírez, Ragueb Chaín Revuelta, Carlos González Gándara, Laura Verónica Herrera Franco, Romualdo López Zárate
Jorge Martínez Contreras, Adolfo Martínez Palomo, Eduardo Matos Moctezuma, Mauricio Merino Huerta, Elena Rustrián Portilla, Alberto Olvera Rivera, José Sarukhán Kermez, Fernando Serrano Migallón y Adalberto Tejeda Martínez.
Con el aval del Ople, una empleada de Unanue hizo ganar a Marijose
Vaya para escándalo que se formó este jueves a raíz de que se publicó que una empleada del alcalde de Boca del Rio, Juan Manuel Unanue Abascal, hizo ganar a Marijose Gamboa en su calidad de presidenta del OPLE en esa demarcación.
Sucede que la consejera presidenta del Consejo Municipal de Boca del Río, Ana Karen Fernández Peguero violó la ley electoral, al ser empleada del ayuntamiento boqueño, y en un claro conflicto de intereses favorecer a la candidata del PAN, María Josefina Gamboa Torales.
Con un salario de 100 mil pesos al mes, incluso incurriendo en otra violación más a la Ley de Austeridad, al ganar más que el titular del Ejecutivo, dicha funcionaria municipal estaba impedida para ser consejera del OPLE en Boca del Río.
Sin embargo, esta funcionaria fue avalada por el OPLE para ocupar ese cargo, y desde ahí favorecer a la candidata del PAN, al mismo tiempo que continuaba cobrando su sueldo de más de 100 mil pesos en el ayuntamiento de Boca del Río. En este truculento tema la autoridad electoral estatal también incurrió en un presunto delito electoral, el cual debe investigarse y proceder en consecuencia, en contra de quien o quienes resulten responsables por esta grave omisión, que vulnera el sentido democrático del proceso electoral municipal.
Tal situación, implica un claro conflicto de intereses, por lo cual estaría violando los principios de objetividad, certeza jurídica e imparcialidad dentro del proceso electoral, con lo cual favoreció a la candidata del PAN.
Durante su entrevista, para ser tomada en cuenta como consejera del OPLE en Boca del Río mintió y ocultó información, sin embargo, el Consejo General decidió avalar tal ilegalidad.
Esta situación, sería motivo suficiente para buscar la anulación de la elección de la presidencia municipal de Boca del Río, donde misteriosamente votos de más aparecieron en la bodega del OPLE, a favor de María Josefina Gamboa Torales.