Agencia Innova Digital.- La inconformidad de miles de trabajadores en Veracruz ha crecido debido a los efectos de la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), aprobada en 2014. Sindicatos y empleados de distintos sectores consideran que las modificaciones han reducido significativamente las expectativas de pensión y afectan directamente su economía.
Luis Alonso Polo Villalobos*, presidente del Consejo Estatal del Sindicato Magisterial Veracruzano, señaló que el descontento se extiende entre trabajadores del magisterio, Poder Judicial, Poder Legislativo y otras dependencias, quienes además señalan que durante años el IPE fue utilizado de manera inadecuada por distintos gobiernos, situación que habría contribuido a los problemas financieros actuales de la institución.
Piden transparencia en mesas de análisis*
Asimismo, diversos trabajadores consideran que el diputado local José Reveriano Hernández Marín se encuentra en una posición que podría generar cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, debido a que forma parte del Consejo de Administración del IPE y, al mismo tiempo, impulsa mesas de análisis sobre la problemática que enfrenta el instituto. Por ello, solicitan que cualquier revisión se realice con total transparencia e imparcialidad.
Demandan revisar gestión de exdirectora del IPE*
De igual manera, demandan que se revise la gestión de la exdirectora del IPE y actual alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos*, y que las autoridades competentes investiguen cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos del instituto. En el ámbito público han circulado versiones sobre un presunto financiamiento de campañas políticas con recursos vinculados al IPE; sin embargo, corresponde exclusivamente a las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia determinar si existen elementos que sustenten dichas acusaciones.
Solicitan diálogo a la Gobernadora y al IPE*
Ante este escenario, los trabajadores solicitan a la gobernadora, al director del IPE y a la Secretaría de Finanzas abrir un diálogo que permita revisar la legislación vigente y encontrar soluciones que garanticen pensiones justas y certeza para más de 80 mil derechohabientes.
La principal demanda es una reforma o revisión de la ley que corrija los efectos que consideran perjudiciales para los trabajadores, preservando al mismo tiempo la viabilidad financiera del instituto.