AGENCIA INNOVA DIGITAL
Efraín Hernández
Coetzala. – El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) incorporo al tesorero municipal de Coetzala, Rafael Uribe Rodríguez, en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género. Esta decisión se deriva del expediente TEV-JDC-54/2025, promovido por la síndica del ayuntamiento, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua, quien denunció la obstrucción en el ejercicio de sus funciones debido a la negativa del funcionario a proporcionarle información esencial para su labor.
La resolución dada este martes por parte del TEV confirma la repetición de actos de obstaculización por parte de Uribe Rodríguez, evidenciando una conducta sistemática de violencia política en razón de género. “No es la primera vez que se me niega el acceso a la información, pero ahora el TEV nos da la razón y reconoce que se han violado mis derechos como síndica”, expresó Coyohua Zepahua. “Las mujeres en la política no podemos seguir siendo víctimas de estas prácticas, exigimos respeto y transparencia”.
Esta sanción se suma a una serie de señalamientos previos contra funcionarios del municipio. En noviembre de 2024, se denunció que, por órdenes del alcalde Alejandro García Hernández, el SAT habría duplicado la firma electrónica de la síndica sin su consentimiento. Además, en diciembre de 2024, se reportó una deuda de más de 2.1 millones de pesos del ayuntamiento al SAT por la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta, atribuida a omisiones del alcalde y del tesorero.
Desde distintos sectores han exigido consecuencias más severas. “No basta con una sanción, este tipo de funcionarios no deberían ocupar cargos públicos”, señaló un representante de una organización de derechos políticos de las mujeres en Veracruz. “El Congreso del Estado y la Fiscalía deben actuar para garantizar que este tipo de casos no queden impunes”.
Pese a los señalamientos, el funcionario municipal no ha emitido declaraciones al respecto. En tanto, la síndica adelantó que continuará con las acciones legales necesarias para garantizar el cumplimiento de su cargo sin restricciones ni represalias. “Seguiré luchando por mi derecho a ejercer mi función sin intimidaciones ni bloqueos”, enfatizó.