AGENCIA INNOVA DIGITAL.- NOGALES, SONORA – La unidad de investigación NMAS Focus ha revelado una serie de irregularidades en la concesión otorgada por el gobierno del estado de Sonora a un grupo de empresas vinculadas a Julio Scherer Pareyon, hijo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Desde el 2022, estas empresas han asumido la administración de un libramiento carretero federal en Nogales, generando preocupación y una investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Desde el anuncio del gobernador Alfonso Durazo el 24 de noviembre de 2022, donde se destinarían 500 millones de pesos para la mejora de la infraestructura del libramiento de Nogales, la situación ha suscitado controversia. Al día siguiente, se constituyó la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, que meses más tarde recibiría un contrato por más de 30 años para administrar esta vía, utilizada por más de un millón de vehículos al año.
La fiscalía está centrada en la irregularidad del proceso de concesión, que fue otorgada sin licitación y a una empresa que carece de experiencia en el sector. El contrato fue adjudicado a Jaime Aceves, socio de Scherer Parellón y diputado federal, lo que ha levantado alarmas sobre posibles conflictos de interés.
“Es inaceptable que un gobierno estatal entregue concesiones sin un proceso transparente y competitivo”, comentó Mario Rodríguez, experto en derecho administrativo. “La falta de experiencia de las empresas involucradas y los vínculos familiares con funcionarios de alto rango plantean serias dudas sobre la legalidad del contrato”.
Operadora de Caminos Carreteros Nogamex fue formada por empresas como Construcción e Instalación de Infraestructura Urbana y MRI Capital Partners, cuya dirección se encuentra en una propiedad que pertenece a Daniel Madariaga, otro socio de la operadora. Esta red de relaciones incluyó también a Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, primo y sobrina del exconsejero Scherer Ibarra.
La trama se complicó cuando el 5 de febrero de 2023, Nogamex asumió la operación del libramiento de manera irregular, ya que una entidad estatal no puede apropiarse de un libramiento federal. Esta acción fue autorizada por el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, quien ha sido criticado por su falta de atención a la legalidad del proceso.
“Recuperamos el libramiento de Nogales sin haber invertido ni un solo peso”, afirmó el gobernador Durazo en un comunicado, pero esto ha sido un punto de controversia, ya que muchos cuestionan la ética detrás de dicha afirmación.
Recientemente, la Fiscalía General de la República recibió una denuncia que señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber otorgado la concesión de forma irregular y haber ampliado su plazo a 34 años ilegalmente. Se acusa a Nuño Lara y a Durazo de uso ilícito de atribuciones y de encubrimiento, sugiriendo que la relación personal entre el gobernador y Scherer Ibarra influyó en la decisión.
A medida que la investigación avanza, el futuro de la concesión del libramiento de Nogales y la administración de la carretera permanecen en el aire. Las irregularidades documentadas han sacudido el panorama político estatal, dejando a muchos cuestionando la ética y la legalidad en la gestión pública.
El escándalo del libramiento de Nogales es una manifestación de los retos que enfrenta el sistema político en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas. Los vínculos familiares y las decisiones gubernamentales irregulares han generado un llamado a la acción para asegurar que tales situaciones no se repitan en el futuro. La Fiscalía General de la República tiene la tarea de aclarar estos hechos y de enjuiciar a los responsables, en un país que clama por justicia y transparencia.
