AGENCIA INNOVA DIGITAL.- Coatzacoalcos, Ver. – La reciente denuncia sobre el uso indebido de funcionarias del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para apoyar la campaña del candidato de Morena, Pedro Miguel Rosaldo, ha destapado una alarmante mezcla entre el servicio público y la promoción política. Un video que muestra a Carolina Vinay Carrillo y Esmeralda Álvarez Ventura, empleadas de Comunicación Social, participando en eventos de campaña durante su horario laboral, ha generado un clamor por rendición de cuentas.
Este hecho ha sido calificado como una violación clara de la ley electoral, evidenciando el uso de recursos públicos para fines partidistas. La supuesta justificación de un «permiso» otorgado bajo presión de los partidos políticos ha sido desestimada por expertos en ética pública, quienes argumentan que tal excusa no es más que un intento de encubrir prácticas ilegales. “El abuso de poder es evidente y no se puede permitir en una democracia”, declaró la analista política Mariana Rodríguez.
La directora del departamento de Comunicación Social, Maythe Morales Ramos, también se encuentra bajo la lupa. Su decisión de asignar a estas funcionarias a labores políticas en horario de trabajo plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la imparcialidad y el correcto uso de los fondos públicos. “Es fundamental que se investigue su papel en este escándalo. La confianza de los ciudadanos está en juego”, añadió el abogado y activista Javier Melendez.
El caso, que trasciende la mera violación de la ley electoral, representa un desprecio hacia los ciudadanos que financian con sus impuestos el funcionamiento del Ayuntamiento. El uso de programas sociales y recursos gubernamentales por parte de Rosaldo, sumado a esta situación, resalta la falta de transparencia y el clientelismo que parecen dominar la política local.
Las voces ciudadanas exigen respuestas y acciones. La inhabilitación de las funcionarias involucradas y una investigación exhaustiva sobre la directiva y el candidato son pasos cruciales para erradicar la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones públicas. “Necesitamos justicia y transparencia. No podemos permitir que la impunidad siga reinando en nuestro sistema político”, concluyó Rodríguez.
El tiempo dirá si se tomarán las medidas necesarias para dar un giro a esta preocupante situación y asegurar que se respeten los principios democráticos en Coatzacoalcos.
