Agencia Innova Digital.- Washington celebra como triunfo lo que en México se percibe como una nueva intromisión. La Administración Trump ha convertido la culpabilidad de Joaquín Guzmán López en un espectáculo político, presentándolo como prueba de su “guerra histórica” contra el narcotráfico. Sin embargo, la narrativa oficial oculta un hecho clave: dos de los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, siguen libres, convertidos en trofeos pendientes de captura para la justicia estadounidense.
La fiscal general Pamela Bondi no dudó en calificar al Cartel de Sinaloa como “organización terrorista”, un término que más que jurídico parece diseñado para justificar medidas de fuerza y presionar a México. El discurso de victoria se acompaña de cifras millonarias y condenas ejemplares, pero también de un lenguaje que coloca al país vecino en el banquillo de los acusados, como si la soberanía mexicana fuese un obstáculo para la estrategia de Washington.
El caso de Guzmán López, quien incluso admitió haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses, se convierte en símbolo de rendición y de fractura interna en el cartel. Pero la insistencia en etiquetar a los grupos criminales como “terroristas” revela más la agenda política de Trump que un verdadero esfuerzo por combatir las raíces del narcotráfico.
Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha reiterado su rechazo a cualquier política que implique intervencionismo exterior, marcando un choque frontal con la narrativa estadounidense. La cacería de Los Chapitos, presentada como cruzada heroica, se perfila también como un pulso diplomático que amenaza con tensar aún más la relación bilateral.
