Se generó una fuerte movilizaicón polciaca durante la mañana de este viernes en la zona de Colinas de Santa Fe
Por ISABEL ORTEGA
Escrito en VERACRUZ el 29/5/2025 · 22:22 hs
Última actualización: 29/5/2025 · 22:24 hs
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XALAPA, VER.- Este jueves 29 de mayo, el órgano interno de consulta para la elección de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz (CEBV) entrevistó a los seis aspirantes a ocupar el cargo. Integrantes de los colectivos de búsqueda participaron, conocieron sus planes de trabajo y cuestionaron cómo resolverán los problemas, especialmente la búsqueda y localización de personas desaparecidas de larga data.
La reunión, realizada en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), permitió conocer las propuestas, que incluyeron realizar un diagnóstico sobre el fenómeno de la desaparición en Veracruz, reforzar la capacitación del personal y trabajar de manera coordinada con las autoridades de todos los niveles de gobierno, especialmente los gobiernos municipales.
En la administración de Cuitláhuac García (2018-2024) se declaró una emergencia humanitaria por la desaparición de personas, por lo que se implementaron algunas acciones para atender el fenómeno. No obstante, algunos colectivos reprocharon los nulos resultados en la búsqueda de personas y que la CEBV operó con una encargada de despacho que no reunía el perfil profesional para estar a cargo.
Desde el periodo de campañas en 2024, los colectivos de búsqueda pidieron que, como parte de la agenda del gobernador o gobernadora que rindiera protesta a partir del 1 de diciembre, se plantearan dos temas importantes: designar, a través de un mecanismo de participación de las familias buscadoras, a un titular en la CEBV y remover a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
Según datos del Registro Nacional, de 1952 al 29 de mayo de 2025, se han reportado 7,107 desapariciones o personas no localizadas; de estas, 5,701 son hombres, 1,383 mujeres y, en 20 casos, no se determinó el género.
Del 1 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2025, periodo del gobierno de Morena, se reportaron 2,629 personas no localizadas o desaparecidas; de estas, 2,087 son hombres, 541 mujeres y 4 personas de género indeterminado.
Del 1 de diciembre de 2024 a la fecha, periodo de la actual gobernadora Rocío Nahle, el mismo registro nacional reporta 72 personas desaparecidas; de estas, 53 son hombres y 19 mujeres. Los municipios con mayores casos son Veracruz Puerto (18), Xalapa (7), Poza Rica, Coatzacoalcos y Córdoba (3), entre otros.
¿Quiénes son los candidatos y qué proponen?
Juan Emanuel Rodríguez Castillo, abogado de profesión, cursa una Maestría en Derecho Procesal y Criminología. Además, ha acreditado diplomados en Psicología Forense y Psicopatología Criminal, Comportamiento Criminal y en Inteligencia, Contrainteligencia y Ciberseguridad.
Trabaja en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y fue suboficial de la extinta Policía Judicial, en el área antidrogas. Ha realizado actividades de investigación criminal, análisis de información e inteligencia.
En su plan de trabajo plantea cuatro ejes fundamentales: un diagnóstico general para identificar las áreas de oportunidad de la comisión; un diagnóstico interno para conocer los recursos materiales, humanos y tecnológicos que podrían faltar para mejorar las acciones de búsqueda en Veracruz; la capacitación de los funcionarios de la CEBV para ofrecer un servicio público de calidad y oportuno, mediante la profesionalización del personal; y la adquisición de tecnología para agilizar la búsqueda, basándose en historias de éxito nacionales e internacionales.
También propuso crear las oficinas de Atención a Víctimas, de Estadística y de Prevención de la Desaparición de Personas, que buscarían generar registros estatales con información para conocer detalles de las zonas con desapariciones y sus patrones, lo que facilitaría la localización de personas.
Juan José Aguirre Hernández, licenciado en Criminología y Criminalística, ha trabajado en la Fiscalía General del Estado, como subdirector regional de Operaciones de Búsqueda en la Comisión Nacional de Búsqueda y en la Dirección de Búsqueda de la Comisión de la Ciudad de México.
El postulante, respaldado por un colectivo de Coatzacoalcos y otro de Nogales, propone como ejes de acción: búsqueda humanitaria, científica y con enfoque diferenciado; vinculación con familias y colectivos; mecanismos de coordinación interinstitucional; profesionalización y transparencia; prevención; mecanismos de seguimiento y evaluación; y recursos necesarios.
Plantea acciones inmediatas como la creación de equipos multidisciplinarios especializados en búsqueda inmediata con enfoque diferenciado para niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTQ+, adultos mayores, comunidades indígenas y migrantes.
Propone reorganizar las células de búsqueda municipales, incorporando personal de áreas de gobierno municipal especializado en derechos humanos, DIF y perspectiva de género, con una mínima actuación policial. También plantea crear una línea telefónica única y segura para el aporte gratuito y anónimo de información relacionada con personas desaparecidas o zonas de ocultamiento de cadáveres.
Además, propone una estrategia de recopilación de información mediante buzones “Regrésame a casa”, sensibilizando a municipios, comunidades, escuelas, áreas culturales, centros penitenciarios, iglesias y anexos.
José Casas Chávez, arqueólogo forense, actualmente jefe de la Oficina de Larga Data de la Comisión Estatal de Búsqueda y exintegrante del Consejo Estatal Ciudadano de la CEBV.
En su propuesta de trabajo plantea un diagnóstico del fenómeno de la desaparición con el apoyo de los 41 colectivos en el estado. Propuso continuar con las acciones de búsqueda a través de las células norte, centro y sur, atendiendo la recepción de reportes, noticias y denuncias de personas desaparecidas o no localizadas, generando difusión a través de boletines y diversos medios de comunicación.
Observó la necesidad de contar con más personal para atender con mayor eficacia los casos. Propuso capacitar al personal operativo de campo para realizar vuelos de dron y sensibilizarlo para el acercamiento con las familias en la recolección de datos. También considera necesario contar con equipos especializados de búsqueda y personal capacitado que garantice respuestas ágiles y coordinadas.
Pidió dar continuidad a la revisión de las carpetas de investigación para entender geográficamente las zonas de interés donde ocurrieron los hechos y, comparándolas con zonas donde ya se han localizado hallazgos, proponer nuevos puntos de búsqueda generalizada e individualizada por patrones.
El aspirante a comisionado planteó diez puntos básicos para fortalecer la CEBV: reestructurar las células de búsqueda estatal; crear un sistema estatal de información y alerta temprana; fortalecer las brigadas de búsqueda de campo; brindar atención y acompañamiento a víctimas indirectas; interconectar con el Registro Nacional de Población, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y Plataforma México; ser más eficientes en el uso de drones y geolocalización; integrar el grupo K9 para uso exclusivo de la CEBV; crear equipos multidisciplinarios y brigadas de acción inmediata; realizar mesas de trabajo con familiares; y capacitar en derechos humanos, cadena de custodia, búsqueda y atención de personas.
Consideró que estas acciones permitirían disminuir el tiempo de respuesta ante reportes de desaparecidos, mejorar la percepción de las familias sobre el actuar de la autoridad estatal, generar mayor coordinación interinstitucional efectiva y fortalecer una base de datos robusta y útil para la investigación y búsqueda.
Su propuesta gira en torno a tres ejes: consolidación institucional, que implica procedimientos estandarizados, recursos adecuados y capacidades técnicas suficientes; fortalecimiento de redes interinstitucionales, que incluye generar un diagnóstico de la capacidad de la CEBV, redistribuir roles, contratar especialistas y reasignar presupuesto; y homologar formatos institucionales y el actuar del personal, así como crear policías especializadas.
Además, propone dar seguimiento a las carpetas de investigación y crear un programa estatal de exhumaciones e identificación forense y un banco de datos. El tercer eje de participación incluye a las familias de víctimas y colectivos, planteando mesas de trabajo mensuales con los colectivos, socialización del gasto de la comisión y apoyo en gestiones legales y medidas de protección.
En su propuesta de trabajo planteó siete ejes, entre ellos la certificación de búsqueda inmediata en la norma ISO 9001; la vinculación y coordinación efectiva con los municipios, dividiendo el estado en diez regiones para analizar la problemática y diseñar estrategias de búsqueda y localización; y reforzar la vinculación y coordinación interinstitucional con dependencias como Seguridad Pública y el sector salud para apoyar a las familias de personas desaparecidas.
También propuso acciones de difusión, prevención y atención a víctimas, incluyendo una campaña masiva para sensibilizar sobre el fenómeno de la desaparición de personas en México; capacitar a familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil; fortalecer la búsqueda forense y en vida; y crear una agenda electrónica universal para la atención de víctimas y calendarización de acciones de búsqueda.
¿Qué hará el órgano interno de consulta para la elección del comisionado?
El 15 de abril se integró el órgano interno de consulta, con representación de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, académicos, personas de la sociedad civil y una representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Como parte del proceso de selección, el órgano técnico integró un expediente público por cada postulante. Tras valorar la viabilidad de las postulaciones, se les requirió una propuesta de plan de trabajo. El órgano técnico de consulta evaluará a los candidatos.
Este jueves 29 de mayo se realizaron las comparecencias de los postulantes con integrantes de los colectivos de búsqueda, lo que permitirá evaluar y verificar sus perfiles, conocimientos y experiencia en derechos humanos, búsqueda de personas y atribuciones de la comisión.
La Secretaría de Gobierno hará público el nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, basándose en una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil.
¿Qué aspectos se tomarán en cuenta para la designación del comisionado?
Según la metodología aprobada por el órgano técnico, se considerarán las respuestas a las preguntas formuladas por los colectivos, con un valor de hasta el 40% de la calificación; el plan de trabajo, que debía reconocer la problemática y proponer mejoras en los mecanismos de búsqueda, con un valor de hasta el 30%; la capacidad para relacionarse con autoridades y sociedad civil, privilegiando un trato igualitario para todos los colectivos, con un valor del 20%; y la calidad moral y probidad para ocupar el cargo, con un valor del 10%.
Gobernadora se reúne con colectivos y establece plazos para designar al comisionado
Una de las primeras acciones de la gobernadora Rocío Nahle García fue reunirse con los colectivos de búsqueda el 9 de diciembre para establecer una agenda de atención al fenómeno de la desaparición de personas.
En esa ocasión, en declaraciones a los medios de comunicación, explicó que el nombramiento de Lutgarda Madrigal como encargada de despacho era provisional, en tanto se realizaba el proceso legal para nombrar a un titular.
“No hemos hablado de nombres; por ahora, fue una encargada para recibir la administración, es solo una encargada”, dijo, y reiteró que se seguiría el proceso legal para el nombramiento del comisionado de búsqueda.
En esa reunión se estableció que, en un plazo no mayor a 90 días, se emitiría la convocatoria para iniciar el proceso de selección. El documento se publicó el 30 de marzo de este año, estableciendo los plazos legales para concluir con la designación.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), se llevó a cabo un proceso de selección para un comisionado, resultando electo Geiser Manuel Caso Molinari, quien renunció por motivos personales. En su lugar, se designó a Brenda Cerón Chagoya como encargada de despacho, desde el 9 de julio de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2024.
En su lugar quedó Lutgarda Madrigal Valdez como encargada de despacho, quien participa en el proceso de selección del comisionado y en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se votará este 1 de junio.
lm