Agencia Innova Digital.- En un firme compromiso con la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el desafuero y la declaración de procedencia en contra de Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. Con una votación contundente de 40 votos a favor y 8 en contra en ambos casos, las y los diputados locales determinaron retirar la inmunidad constitucional a los ediles para que las autoridades ministeriales continúen los procesos legales correspondientes.
Avances clave en la búsqueda de justicia por el caso de Roxana Guzmán
La determinación respecto al alcalde de Ixhuatlán del Sureste responde a la solicitud formal de la Fiscalía General de Veracruz, que lo señala por su presunta relación con el lamentable feminicidio de la periodista Roxana Guzmán.
- Elementos suficientes: La Comisión Instructora del Congreso validó que existen los componentes legales necesarios para dar curso a la investigación judicial.
- Garantía de debido proceso: Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva, precisó con total claridad que la función del Poder Legislativo no es juzgar la culpabilidad, sino retirar el fuero para permitir el libre actuar de las instituciones de procuración de justicia.
- Investigación en marcha: Por este caso ya se reporta la captura y detención de ocho personas vinculadas a los hechos ocurridos tras el pasado 2 de junio.
A la sesión extraordinaria asistieron los abogados defensores del edil de Ixhuatlán, quienes confirmaron de manera positiva que el funcionario no pretende evadir la acción de la justicia y se someterá formalmente a los lineamientos del proceso legal.
Transparencia y rendición de cuentas en Úrsulo Galván
En la misma jornada legislativa, el Congreso local dio luz verde al desafuero de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, quien es investigado de manera puntual en torno al caso de la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez. El edil asistió personalmente al Congreso antes del escrutinio para fijar su postura, retirándose pacíficamente una vez que se hizo pública la resolución de la soberanía popular.
Con estas determinaciones institucionales, las instituciones del estado de Veracruz demuestran un funcionamiento sólido, transparente y eficaz, enviando un mensaje claro de que la ley se aplica de manera equitativa y sin distinciones para salvaguardar la paz social y los derechos de la ciudadanía.