Violencia política de género: el precedente que incomoda
El caso de Diana Karina Barreras
Para preocuparse: Pico de Orizaba, zona de asaltos
La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso de la diputada Diana Karina Barreras no sólo sanciona una expresión concreta en redes sociales; plantea un debate de fondo sobre los límites entre la crítica política y la violencia de género disfrazada de opinión.
La sanción impuesta a Karla María Estrella, ciudadana sonorense, por publicar en X que la candidatura de Barreras obedecía a presuntas influencias de su esposo Sergio Gutiérrez Luna, evidencia un patrón común: cuando una mujer accede a espacios de poder, su mérito es puesto en duda mediante narrativas que apelan al amiguismo o al favor masculino.
Lo que para un hombre sería parte de su “capital político”, en una mujer suele leerse como “dependencia”. Este doble rasero no es inocente ni trivial.
Lo importante del fallo es que por primera vez se traza una línea jurídica clara: atribuir el éxito de una mujer a su vínculo con un hombre, sin sustento, constituye violencia política de género.
No se trata de censura, como argumentó la sancionada, sino de desmontar estructuras discursivas que históricamente han servido para deslegitimar la participación femenina.
Las redes sociales han amplificado la exposición de las figuras públicas, pero también han multiplicado las agresiones normalizadas, muchas veces escudadas en el derecho a la libertad de expresión.
La resolución del TEPJF no prohíbe criticar, ni exige reverencias a las autoridades electas; exige que las críticas estén sustentadas y no refuercen estereotipos que afectan de manera sistemática a las mujeres.
Este precedente también incomoda porque obliga a repensar el papel del ciudadano digital. ¿Hasta dónde llega la libertad de opinión? ¿Cuándo una publicación deja de ser sátira o crítica y se convierte en violencia simbólica? La respuesta, aunque incómoda, es urgente.
El impacto de esta decisión podría ser profundo: desde ahora, quienes pretendan participar en el debate político deberán hacerlo desde el respeto, no desde la descalificación basada en género. Además, obliga a los partidos, los medios y la ciudadanía a revisar sus discursos y actitudes frente a las mujeres en política.
El escenario futuro dependerá de la aplicación coherente de este criterio. Si se convierte en una práctica sostenida y no en un caso aislado, México dará un paso significativo hacia una vida política más equitativa, donde ser mujer no implique justificar el lugar que se ocupa.
Y eso, más que molestar, debería celebrarse. Claro está dejar de una lado que entre todos los partido Morena lidera el nepotismo y de eso hay muchas pruebas.
PARA RIPLEY: ASALTOS HASTA EN EL PICO DE ORIZABA
Por años, el Pico de Orizaba ha sido un símbolo de desafío, superación personal y conexión con la naturaleza.
Hoy, ese emblema del montañismo nacional se ha transformado en una trampa para quienes se atreven a ascenderlo desde el lado veracruzano.
Lo que debería ser un santuario ecológico y deportivo, se ha convertido en territorio sin ley, donde grupos delictivos actúan con impunidad ante la indiferencia del Estado.
Lo insólito —lo que suena para Ripley— no es sólo que haya criminales instalados en un parque nacional; es que extorsionen a plena luz del día, cobren “cuotas” a alpinistas y roben equipo sin que haya consecuencias.
La denuncia del colectivo Montañistas Unidos, respaldada por testimonios directos de víctimas, pone el dedo en una llaga que las autoridades han preferido ignorar: la inseguridad no conoce límites geográficos ni respeta espacios simbólicos.
Xometla, San Miguel Pilancón y San Miguel Chinela ya no son sólo puntos en una ruta de ascenso, sino zonas de riesgo controladas por criminales. ¿Cómo es posible que un sitio que atrae a visitantes nacionales e internacionales carezca de vigilancia permanente? ¿En qué momento el gobierno de Veracruz perdió el control incluso de sus cumbres?
El mensaje que se manda al permitir este estado de cosas es devastador: en Veracruz, ni siquiera las montañas están a salvo. No se trata de un problema de turismo, sino de gobernabilidad.
Que existan “retenes” de civiles armados cobrando por el paso equivale a aceptar un poder paralelo, un minigobierno criminal en una zona de alta sensibilidad ambiental y social.
El impacto va más allá del alpinismo. Este tipo de hechos desalienta la llegada de visitantes, ahuyenta inversiones turísticas, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y profundiza la percepción de que la ley se aplica de forma selectiva o, peor aún, no se aplica.
De no atenderse de inmediato, el Pico de Orizaba podría convertirse en símbolo de otra cosa: del abandono institucional.
No es una cuestión de imagen: es una obligación del Estado garantizar el libre tránsito y la seguridad de su población en cualquier rincón del territorio.
Porque en Veracruz, ya no basta con “luchar cuesta arriba”. Ahora también hay que sobrevivirla.
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