Durante una rueda de prensa, tres ciudadanos —Anselma Guadalupe Marín Jiménez, Alejandro Rafael Rivera Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez— denunciaron una serie de inconsistencias en los procesos judiciales relacionados con custodia y pensión alimenticia, las cuales, afirmaron, han afectado sus derechos y el bienestar de sus hijos.
Los testimonios señalan presuntas irregularidades en el actuar de la jueza Blanca Miriam Herrera Fragoso y la secretaria Laura Ostos, a quienes acusaron de mostrar falta de profesionalismo y de emitir resoluciones supuestamente guiadas por criterios económicos, en lugar de basarse en pruebas y peritajes.
Anselma Guadalupe Marín compartió que ha enfrentado dificultades para obtener la custodia de sus hijos, además de considerar insuficiente la pensión alimenticia asignada. También manifestó obstáculos para presentar evidencia en el proceso legal y denunció un trato arbitrario por parte del sistema judicial.
Entre las preocupaciones destacadas por los denunciantes se encuentran la posible falta de capacitación en los juzgados familiares, la priorización de intereses económicos sobre el bienestar infantil y la existencia de una supuesta red de corrupción que influiría en las decisiones judiciales.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades judiciales involucradas. Los afectados anunciaron que continuarán visibilizando sus casos con el objetivo de buscar justicia y mejoras estructurales en el sistema.
