Agencia Innova Digital.-La imagen de Rafael León Segovia, periodista veracruzano conocido como “Lafita”, trasladado esposado rumbo a una audiencia, se ha convertido en símbolo de lo que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como un ataque directo contra la libertad de expresión.
Artículo 19 denunció que el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores “consolidó la criminalización” al imponerle un año de prisión domiciliaria, pese a que los cargos de terrorismo fueron desestimados. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo vinculó a proceso por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, en un procedimiento plagado de inconsistencias y contradicciones.
La organización subrayó que la acusación se sostiene en un supuesto “testigo protegido” y en la cobertura periodística de León, presentada como prueba de hechos ilícitos. “Para la autoridad, llegar primero a la nota equivale a tener conocimiento previo del delito”, advirtió Artículo 19, alertando que este criterio abre la puerta a criminalizar a cualquier comunicador.
La medida cautelar, que impide al periodista salir a las calles y ejercer su labor, no solo afecta su vida y derechos, sino también el derecho de la sociedad a estar informada. Por ello, la ONG exigió al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas intervenir de inmediato, ante el riesgo que enfrentan Rafael y su familia en un contexto de amenazas y persecución.
Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle García rechazó que el caso tenga relación con la libertad de prensa, asegurando que en Veracruz “hay libertad de expresión hasta con excesos”. Sin embargo, las imágenes del comunicador esposado, pese a la desestimación de los cargos más graves, refuerzan la percepción de que en Veracruz informar puede costar la libertad.