ALPIE23JUNIO2025
Raymundo Jiménez
- RECTOR ESPURIO
Desde el pasado viernes 20 de junio, los siete integrantes que finalmente quedaron en la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad Veracruzana (UV) tenían listo el acuerdo que aprobaba la prórroga de Martín Aguilar Sánchez como rector hasta agosto de 2029. Sin embargo, el comunicado lo hicieron oficial este lunes 23.
Solamente fue firmado por Juan Manuel Pinos Rodríguez y Diana Folger Pérez Staples como presidente y secretaria, respectivamente, de la JG, y por Ernesto Isunza Vera, José de Jesús Franco López, María Adela Monreal Gómez, Héctor Vázquez Leal y Alan Jesús Morgado Bustos, el único con grado académico de maestro, pues todos los demás poseen distintos títulos de doctorado.
Los nombres y firmas de las doctoras María Angélica Buendía Espinosa y Haydee Zizumbo Ramírez ya no aparecieron porque renunciaron como miembros de la JG días antes de que se tomara esta polémica decisión que tiene dividida a la comunidad universitaria, ya que según las cifras oficiales del órgano colegiado sobre la consulta convocada para decidir si se le debía otorgar o no la prórroga al actual titular de la Rectoría, de los 2 mil 839 alumnos, pasantes y graduados, personal académico, autoridades, funcionarios, empleados de confianza, personal administrativo, técnico y manual que participaron en modalidad presencial y digital en las cinco regiones universitarias, el 59.07 por ciento se manifestó a favor y el 40.93 por ciento en contra.
La mayor participación se dio en la zona universitaria de Xalapa, donde participaron 1,311; en la zona Veracruz-Boca del Río los participantes ascendieron a 640; en Orizaba-Córdoba, 384; en Coatzacoalcos-Minatitlán, 314, y, en Poza Rica-Tuxpan, 190.
Con una serie de tecnicismos jurídicos y exaltando algunos de los logros descritos en el balance de su rectorado 2021-2025 que les presentó, los siete miembros de la Junta de Gobierno resolvieron mañosamente justificar la prórroga otorgada al doctor Aguilar Sánchez para que no fuera impugnado para este segundo periodo por incumplir con el requisito legal de la edad.
Así, pues, en su opinión, “resulta procedente el trámite de solicitud de prórroga de la vigencia del nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Universidad Veracruzana”, aludiendo a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política para el Estado de Veracruz y de la Ley de Autonomía, de la Ley Orgánica y del Estatuto General de la UV, así como del reglamento interno de la Junta de Gobierno y disposiciones de la máxima casa de estudios.
Y puntualizan que “la Junta de Gobierno al aceptar a trámite la solicitud de prórroga atiene la existencia de la misma dentro de legislación Universitaria, la cual en ningún momento debe entenderse como sinónimo de reelección, ya que su significado es completamente diferente. Con el presente trámite no se trata de designar un nuevo rectorado sino de determinar la viabilidad de extender el ya vigente desde el primero de septiembre de dos mil veintiuno, por un periodo más”.
Sin embargo, ninguno de los tres ex rectores de la era autónoma de la UV que le antecedieron a Martín Aguilar –Víctor Arredondo Álvarez (1997-2004), Raúl Arias Lovillo (2004-2013) y Sara Ladrón de Guevara (2013-2021)– intentaron prolongar por esta cómoda vía de fast-track su permanencia en la Rectoría.
Los tres permitieron que la Junta de Gobierno lanzara la convocatoria abierta para que otros académicos aspirantes participaran. Ellos, a diferencia de Aguilar Sánchez, sí cumplían con la edad requerida y no quisieron cargar con el estigma de “espurios”.
Y vaya descrédito y repudio que se han echado encima los siete miembros del órgano colegiado que forzaron la prórroga del actual rector, empezando por su presidente, el médico veterinario Juan Manuel Pinos Rodríguez. ¡Qué diferencia con la actitud ética y congruencia del doctor Rafael Velasco Fernández, ex rector de la UV que en 1997 presidió la primera Junta de Gobierno, o del doctor José Sarukhán, ex rector de la UNAM, quienes resistieron fuertes presiones ejercidas desde las altas esferas del poder y que tampoco se prestaron como ahora para este tipo de componendas de grupúsculos políticos y seudo académicos que quieren seguir medrando con el cada vez más disminuido prestigio y los escasos recursos financieros de la máxima casa de estudios de los veracruzanos!
EXIGEN LA DISOLUCIÓN
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Por lo mientras, el polémico dictamen de la Junta de Gobierno ha desatado una oleada de protestas. Los tres académicos que públicamente habían manifestado su aspiración de registrar sus candidaturas para suceder al actual rector –Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela–, lanzaron ayer mismo una convocatoria a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para una conferencia de prensa y una “marcha pacífica”, programadas para este miércoles 25 de junio a las 10:00 y 11:00 horas en la escalinata de la Rectoría de UV.
Pero, por otra parte, la académica Rosalba Viveros, a través de la plataforma www.change.org, comenzó a recaudar firmas para pedir la disolución de la Junta de Gobierno por violar los principios básicos de la autonomía universitaria.
En su petición, expuso la siguiente causa:
“La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha aprobado una prórroga ilegal e ilegítima para que el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez permanezca en el cargo hasta 2029, a pesar de que ya ha superado la edad límite establecida y sin respetar el procedimiento ordinario de renovación rectoral que debe incluir convocatoria abierta y participación plural.
“Esta decisión se tomó en medio de opacidad, falta de transparencia y sin la consulta real y democrática de la comunidad universitaria, generando un clima de desconfianza, división y crisis institucional. Además, existen denuncias sobre el manejo opaco de recursos y la percepción de que el rector busca únicamente jubilarse con el salario de rector, sin un verdadero compromiso con la universidad.
“La prórroga viola los principios básicos de autonomía universitaria porque limita la pluralidad, la rendición de cuentas y la participación democrática, poniendo en riesgo la estabilidad y el prestigio de nuestra máxima casa de estudios.
“Fundamentos legales que respaldan nuestra exigencia:
“1.- El artículo 3° constitucional, fracción VII, reconoce la autonomía de las universidades públicas para gobernarse a sí mismas, pero esta autonomía debe ejercerse conforme a la ley, con respeto a principios democráticos, transparencia y legalidad.
“2.- La Ley General de Educación Superior establece que las universidades autónomas deben respetar sus leyes orgánicas y normatividad interna, y que los procesos legislativos relacionados deben respetar irrestrictamente su facultad de autogobierno
“3.-La Junta de Gobierno es un órgano interno de autogobierno responsable de nombrar y remover al rector, pero debe hacerlo mediante procesos incluyentes, participativos y transparentes; cuando falla en estas funciones, pone en riesgo la autonomía y la estabilidad institucional
“4.- La autonomía universitaria no ampara actos arbitrarios ni ilegales. En casos de violaciones graves a la ley o a la autonomía, el Congreso del Estado tiene facultades para legislar y supervisar la organización universitaria, incluyendo la posibilidad de modificar o disolver órganos que vulneren la normatividad y el interés público universitario.
“Por todo lo anterior, exigimos a la Cámara del Congreso del Estado de Veracruz que tome constancia de esta grave situación y proceda a disolver la actual Junta de Gobierno, órgano que ha perdido legitimidad y que ha actuado en contra de los intereses de la comunidad universitaria y del bienestar de la UV.
“¡Firma para defender la autonomía, la transparencia y la democracia en la Universidad Veracruzana!”
Hasta las 10 de la noche de ayer llevaban más de 315 firmas verificadas por la plataforma www.change.org.