Tras diversos ajustes, la iniciativa de Ley para las Telecomunicaciones corre el riesgo de convertirse en un nuevo “Frankenstein” legislativo, diseñada para aparentar cambios sin modificar realmente el estado de las cosas.
Pocos esperan que la revisión que se realiza en la Cámara de Senadores resulte en una norma que mejore o proteja efectivamente al país frente a ataques mediáticos extranjeros.
Como se había anticipado, la nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada por los diputados fue detenida este lunes en el Senado. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino para calmar las tensiones políticas, dejando a los diputados de Morena, del PT y del Verde con la cabeza baja, especialmente a los coordinadores parlamentarios, quienes ni siquiera revisaron a fondo el contenido de la iniciativa.
La verdadera oposición a la ley no provino de los partidos políticos, sino de abogados, empresarios y socios de Televisa, quienes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas que la legislación, en su forma original, les podría ocasionar.
Ante la presión de estos grupos, se acusó que la ley implicaba censura, centralización del poder y la posibilidad de aplicar multas millonarias a televisoras —principalmente a Televisa— por contratar propaganda extranjera que afectara al país, como se sospecha ocurrió en un acuerdo previo con el Gobierno de Estados Unidos por 200 millones de dólares.
Aunque ahora se habla de una revisión a fondo, lo más probable es que los cambios sean superficiales, buscando únicamente dar una imagen de corrección mientras en el fondo todo permanece igual.