AGENCIA INNOVA DIGITAL
Efraín Hernández
El Ayuntamiento de Coetzala, bajo la administración del alcalde Alejandro García Hernández, pagó $15,000 por material de papelería que nunca llegó a sus oficinas. La factura, con folio fiscal 3DB96004-044A-4AB4-AB9B-70F348DF2B1A, detalla la compra de libretas, lápices, hojas blancas, marcadores, tóner, grapas, folders, gomas y clips. Sin embargo, trabajadores municipales aseguran que estos insumos jamás fueron entregados.
Lo más llamativo es que la empresa emisora de la factura no tiene relación alguna con la venta de papelería. Se trata de Brayan Alan Márquez Arenas (RFC: MAAB9309121R1), quien utilizó la razón social Uber, una compañía globalmente conocida por su servicio de transporte y entregas, pero no por comercializar artículos de oficina. El documento está dirigido al Municipio de Coetzala, Veracruz (RFC: MCV8610191I8), y se emitió el 23 de abril de 2024, con un subtotal de $12,931.03 más IVA del 16 por ciento, alcanzando la cifra total de $15,000.
“Esas cosas no han llegado aquí. No tenemos ni hojas para imprimir ni tóner para las impresoras. Todo lo que compramos lo sacamos de nuestro propio sueldo”, denunció Arely López, empleada del área administrativa. Por su parte, Jacinto Hernández, trabajador del departamento de adquisiciones, confirmó que estas compras son una simulación: “Siempre hacen lo mismo. Inventan compras para sacar dinero, y mientras tanto, aquí no hay ni papel para los trámites”.
El desvío de recursos mediante facturas falsas se ha vuelto una constante en la administración de Alejandro García Hernández y su tesorero Rafael Uribe Rodríguez. Personal del regidor Marciano Coyohua también señaló que jamás han visto la llegada de los insumos facturados: “Es evidente que se están robando el dinero con estas facturas, pero nadie hace nada para detenerlos”, expresaron.
Mientras el dinero del ayuntamiento se sigue diluyendo en compras fantasma, las necesidades de la población quedan en el abandono. Habitantes y trabajadores municipales exigen una auditoría para esclarecer el destino de estos recursos y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.