AGENCIA INNOVA DIGITAL
Xalapa, Ver.- En un contexto de creciente violencia política, más de 44 candidatos del Partido del Trabajo (PT) han solicitado protección tras enfrentar intimidaciones y amenazas directas. La situación ha llegado a tal punto que muchos han tenido que recurrir a la contratación de seguridad privada, mientras que la respuesta del Estado ha sido criticada por su insuficiencia.
Durante una reciente denuncia, un representante del PT, el diputado Ramón Díaz Ávila, aseguró que los ataques a candidatos no son un hecho aislado, calificando la situación como un “terrorismo de Estado”. “Esto no es el primer caso; son muchos los que hemos denunciado”, afirmó. La indignación se centra en la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, que, según los denunciantes, no han cumplido con sus promesas de brindar seguridad a quienes la solicitan.
A pesar de los anuncios de la gobernadora, Rocío Nahle García, quien había afirmado que todos los candidatos en riesgo recibirían protección, solo un caso ha sido atendido, dejando a los demás en una situación de vulnerabilidad crítica. “Nos dicen que el candidato tiene que pagar por hospedaje y alimentación, lo que contradice las promesas de apoyo”, comentó un vocero del PT.
Algunos candidatos han experimentado persecuciones, bloqueos y amenazas, lo que ha llevado a muchos a no denunciar por miedo a represalias. “La intimidación es real, y muchos temen por su vida”, añadió. Las redes sociales y los medios han sido testigos de esta crisis, que pone de relieve la falta de garantías para los actores políticos.
La creciente preocupación por la seguridad de los candidatos destaca la necesidad de una respuesta estatal más efectiva y una investigación a fondo que identifique a los responsables de estos delitos. La situación exige atención urgente, no solo de las autoridades locales, sino también de la sociedad civil, que debe unirse para exigir un entorno político seguro y justo.
La comunidad política observa con atención el desarrollo de estos eventos, esperando que se tomen medidas concretas que garanticen la seguridad y el derecho a la libre expresión de los candidatos en el marco de este proceso electoral.