Esmeralda: omisa e inepta
No aparece, pese a reclamos de ambiente tóxico
Indiferente a las necesidades de su pueblo
Ravelo: el periodismo libre sobrevive, pero a costa de vidas
En Nanchital, la salud pública se ha convertido en una moneda de cambio para la omisión institucional. A tres años y medio de administración, el gobierno municipal encabezado por Esmeralda Mora no solo ha sido incapaz de representar los intereses ciudadanos, sino que se ha convertido en un retrato fiel de lo que ocurre cuando el poder se entrega a perfiles sin compromiso ni competencia.
Hoy, cuando los habitantes de comunidades enteras denuncian afectaciones por gases industriales supuestamente liberados desde el complejo petroquímico La Cangrejera, la presidenta municipal no alza la voz, no exige transparencia, no acompaña a su gente.
Prefiere posar sonriente en la inauguración de un torneo de pesca, como si el malestar de cientos de familias fuera un asunto menor o ajeno a sus funciones.
Este patrón no es nuevo. La resistencia social que logró frenar la instalación de un relleno sanitario en Nanchital encontró siempre un ayuntamiento sordo y ausente. Sólo cuando los gritos y cacerolazos se hicieron virales, la alcaldesa accedió a mirar hacia el problema. Pero nunca lideró la defensa. Nunca tomó la causa como propia.
La explicación de su pasividad no es compleja. Esmeralda Mora no gobierna desde una convicción ciudadana, sino desde el amparo del padrinazgo político que la llevó a la candidatura. No llegó a la silla por méritos, sino por cuotas. Por eso gobierna como se espera de quien no debe lealtad al pueblo, sino a los intereses que la impusieron.
RESPONSABILIDAD DE LOS QUE LE DIERON EL VOTO
Y, sin embargo, sería injusto limitar la responsabilidad solo a la figura de la alcaldesa. Es cierto que hay culpa en quien la postuló, pero también la hay en quienes le dieron el voto. Nanchital eligió a quien hoy le da la espalda. Es un espejo incómodo, pero necesario. La democracia no exonera a los pueblos de las consecuencias de sus decisiones.
La pasividad ante una posible crisis sanitaria revela una estructura institucional debilitada, donde la salud y el bienestar se subordinan al cálculo político y la indiferencia.
Los escenarios futuros no son alentadores si se mantiene este tipo de liderazgo. La falta de exigencia hacia Pemex, el silencio ante las denuncias vecinales, y la ausencia de planes de mitigación o monitoreo ambiental, configuran una bomba de tiempo para la salud pública.
En Nanchital, la toxicidad no está solo en el aire. También habita en las decisiones de quienes, teniendo el poder para actuar, eligen no hacerlo.
Por eso no se extraña que ahí Morena haya perdido la elección municipal, un hecho que estaba cantado, incluso antes de arrancar la campaña.
Daba igual quizá para la edil, porque ya había perpetuado la extensión de seguir en el presupuesto vía su hija en el gobierno estatal.
Terrible caso de Esmeralda Mora en Nanchital y aquí, más que nunca, aplica el viejo refrán: no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre.
RAVELO: UN MECANISMO INÚTIL FRENTE A UN ENEMIGO LETAL
En México, ejercer el periodismo se ha vuelto una actividad de alto riesgo. No por la naturaleza de la profesión en sí, sino por el contexto impune y violento que la rodea. Ricardo Ravelo, periodista de investigación con décadas en la trinchera, ha lanzado una advertencia incómoda pero necesaria: el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no funciona.
Y tiene razón.
Mientras la violencia criminal se sofistica, el Estado responde con botones de pánico que tardan hasta una hora en activarse, escoltas sin preparación y medidas reactivas, no preventivas. El mecanismo no es más que una estructura burocrática que aparenta protección, pero en los hechos abandona a los periodistas en riesgo.
La raíz del problema es doble. Por un lado, hay un gobierno que, como señala Ravelo, no está combatiendo con eficacia al crimen organizado. Por otro, existe una falta de voluntad para reconocer que en muchas regiones del país, la colusión entre autoridades y grupos criminales convierte a los periodistas en objetivos de caza.
Las investigaciones que revelan estos vínculos suelen ser las más letales. No basta con ofrecer chalecos antibalas o teléfonos de emergencia. Se requiere una política integral de protección: relocalización temporal o permanente, resguardo para las familias, acompañamiento psicológico y, sobre todo, justicia para quienes han sido asesinados.
Si no se castiga a los responsables, el mensaje es claro: matar periodistas sale barato.
La urgencia de reformar el Mecanismo no admite aplazamientos. Los comunicadores necesitan herramientas reales, no simulaciones. Y mientras eso no ocurra, el gremio debe, como dice Ravelo, tomar conciencia de los límites actuales y organizarse con autonomía para protegerse.
Porque en este país, el miedo se ha institucionalizado y la impunidad se ha legalizado. Y en ese escenario, el periodismo libre sobrevive, pero a costa de vidas.
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