Gabriel Regino
México, 12 de febrero de 2026
Un juez sin experiencia, recién electo por voto popular y con nula carrera judicial, acaba de dictar sentencia absolutoria en el caso de Carlota “N”, la mujer de 74 años que disparó y mató a dos personas —y lesionó a una más— en Chalco, Estado de México, en medio de una disputa por la posesión de un inmueble.
El juez, debutante en la judicatura, resolvió el caso invocando un concepto ambiguo y extrajurídico: la justicia social.
Ni la legítima defensa putativa, ni el exceso de defensa, ni la inimputabilidad, ni el error vencible.
La sentencia no fue técnica. Fue política.
Y la motivación, aunque no lo diga el engrose, fue simple: empatía electoral.
¿Qué ocurrió?
Carlota fue procesada por homicidio doloso calificado. La defensa alegó:
• Que actuó convencida de defender su patrimonio, en un entorno hostil y sin respaldo institucional.
• Que su condición de mujer adulta mayor, marginada, sin redes de apoyo y enfrentada a una estructura legal que no resolvía su conflicto, justificaba una lectura del caso con perspectiva de género.
• Que su conducta debía juzgarse desde el marco de una legítima defensa putativa.
La opinión pública, las redes sociales, la prensa y los círculos culturales romantizaron la figura de Carlota: la mujer sola que hizo justicia por mano propia ante un Estado inoperante.
“La abuela que se cansó de esperar”, tituló un diario extranjero.
Y el juez, presionado por la atención mediática y sediento de legitimación ante su electorado, eligió la empatía antes que el derecho.
¿Por qué esto importa?
Porque el juez no absolvió por falta de prueba, ni por causa de exclusión legal alguna.
Absolvió porque “el caso conmovió al pueblo y era justo devolverle a esa mujer su dignidad”.
Esa fue, literalmente, su declaración ante medios.
La sentencia será impugnada. Tal vez se revierta.
Pero el precedente simbólico ya está instalado:
La técnica jurídica ya no es el lenguaje del poder judicial.
La narrativa emocional y la identificación con el sentir social ocupan su lugar.
Esto no es una crítica a Carlota.
Es una advertencia sobre lo que nos espera.
Cuando se judicializa la emoción, y se electoraliza la judicatura, los fallos ya no se dictan con base en los hechos y el derecho, sino con base en las encuestas, los trending topics y las lealtades ideológicas.
Hoy fue Carlota.
Mañana será un político, un empresario, un defensor, un periodista o un enemigo del régimen, juzgado o absuelto según la emoción popular del momento, no conforme a la ley.
Elegir jueces por voto popular puede sonar democrático.
Pero sin carrera judicial, sin formación técnica y sin garantías de imparcialidad, abrimos la puerta a una justicia débil, volátil y sometida a la lógica de la plaza pública.