Justo cuando el escándalo del prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto fundador y líder del grupo criminal La Barredora, está en plena ebullición salpicando mediáticamente a su exjefe, el ex gobernador y actual coordinador del Senado, Adán Augusto López, ahora, el nombre de un bisoño empresario también tabasqueño, Jorge Amílcar Olán Aparicio, íntimo amigo de “Andy” López Beltrán, secretario de Organización del CEN de Morena, se ha vuelto el centro de atención por su debut como desarrollador inmobiliario con su proyecto “Cabo Paraíso”, considerado el primer residencial de lujo en el municipio de Paraíso que se levantará en un terreno de 23 hectáreas ubicado a dos kilómetros de la súper costosa refinería de Dos Bocas, en cuya construcción ganó mucho dinero como uno de los contratistas más favorecidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional investigó el año pasado a Olán Aparicio por los contratos que recibió también en la obra del Tren Maya a cargo del Ejército. Su Órgano Interno de Control (OIC) abrió el expediente administrativo de investigación número 2292/2024/CDAC/SEDENA/DE17.
La Sedena confirmó así que el amigo y operador de Andy y su hermano Gonzalo López Beltrán sí recibió contratos del instituto castrense y que su oficina encargada de combatir la corrupción encontró razones suficientes para indagar las adjudicaciones.
Sin embargo, paradójicamente, la investigación abierta por el OIC sirvió a la Sedena para evitar entregar cualquier información en la que apareciera el nombre de Amílcar Olán.
En respuesta a cinco solicitudes de transparencia realizadas por Latinus, el portal de noticias con sede en Estados Unidos, el Ejército mexicano indicó que no entregaría los documentos relacionados con el amigo de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se volvió multimillonario en ese sexenio porque su comité de transparencia los clasificó como reservados por cinco años.
“Dar a conocer información que forma parte esencial en la investigación de probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puede entorpecer la secuela procedimental de las investigaciones que realiza la autoridad administrativa”, indicó la resolución del comité de transparencia de la Sedena fechada el pasado 28 de febrero.
El comité argumentó que difundir información donde aparece Amílcar vulnera la confidencialidad y secrecía de la investigación abierta por el OIC, ya que “el interés público de que se conozca la verdad histórica de las probables responsabilidades de los servidores públicos, es superior al de que en este momento se haga público, cuando aún no existe determinación o resolución de la investigación administrativa”.
Esta información que el Ejército no entregó y que fue solicitada por Latinus se refiere a todos los documentos firmados entre Amílcar Olán y la Sedena desde el 1 de diciembre de 2018, así como los contratos específicos por la compra de balasto y las adjudicaciones que los militares le dieron en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
En los últimos meses de 2024, Latinus publicó una serie de reportajes acerca de cómo esta red ganó miles de millones de pesos a través de contratos en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Pemex y la venta de medicinas a gobiernos de Morena. Exhibió que Amílcar Olán sobornó a ingenieros militares que se encargaban de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, quienes compraron miles de toneladas de balasto, un material pétreo que va debajo de las vías y le sirve de soporte al tren. El portal de noticias reveló audios en los que se escucha al empresario tabasqueño negociar con los ingenieros de la Sedena el precio del balasto y del flete, así como el dinero que se llevaron los militares involucrados en la compra de la piedra. Incluso se evidenció cómo sobornaba al laboratorio que debía certificar la calidad de miles de metros cúbicos de balasto entregados al Ejército, el mismo que fue omiso con el jefe policiaco de Adán Augusto que lideraba a La Barredora.