Xalapa, 8 de agosto de 2025.- Ante el agravamiento de la crisis de violencia, impunidad y descomposición del estado, en México, distintas voces de la sociedad civil han alertado sobre la necesidad urgente de una transformación profunda en el modelo de justicia, seguridad y gobernanza en el país.
Actualmente, miles de personas permanecen desaparecidas y asesinadas sin que exista una respuesta eficaz por parte del estado, casos como el de la maestra Irma, víctima de un crimen atroz, han evidenciado no solo la gravedad de la violencia, sino también la insuficiencia e insensibilidad de las respuestas institucionales.
“Estamos ante una crisis profunda en la que las estructuras estatales no solo han fallado a las víctimas, sino que en muchos casos actúan con complicidad, encubrimiento o indiferencia”, expresó un experto en derechos humanos durante un diálogo reciente sobre la situación actual en México.
Veracruz es uno de los estados donde esta situación se manifiesta con mayor crudeza. La violencia estructural, la descomposición institucional y la falta de justicia han generado un entorno de dolor e impunidad que afecta a miles de familias. Los colectivos de búsqueda y madres de desaparecidos siguen siendo blanco de amenazas, criminalización e incluso asesinatos.
La falta de acercamiento con la nueva alcaldesa que asumirá funciones el 1 de enero también ha sido señalada como una oportunidad perdida para establecer una agenda clara y urgente en materia de derechos humanos y justicia.
Frente a este panorama, se proponen las siguientes acciones prioritarias:
Crear una Comisión Ciudadana de la Verdad, con respaldo nacional e internacional, para esclarecer casos de desapariciones y violencia de manera independiente.
Garantizar la protección y participación de las víctimas, empoderando sus luchas y reconociendo su papel central en la reconstrucción de la verdad y la justicia.
Fortalecer la articulación de la sociedad civil, mediante una coalición amplia que promueva acciones concretas frente a la impunidad y la violencia.
Reconstruir el pacto democrático, con un nuevo modelo de gobernanza más justo, participativo y transparente.
La normalización de la violencia no puede continuar. México necesita, con urgencia, un cambio de rumbo institucional y ético, que ponga en el centro a las víctimas y que garantice el derecho de toda persona a la verdad, la justicia y la reaparecí.