Agencia Innova Digital.- La tragedia del Puente de la Concordia en Iztapalapa sigue cobrando vidas y estremeciendo a la capital. La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que ya son 19 las víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas ocurrida la semana pasada, entre ellas el propio chofer de la unidad, Fernando Soto Munguía, de apenas 34 años, señalado desde un inicio como pieza clave en la catástrofe que paralizó a la ciudad.
La noche del martes 16 de septiembre se sumaron también a la lista de fallecidos Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30 años) y otros tres pacientes que luchaban por su vida en hospitales: Gilberto Arón (47 años), Edgar Santiago Álvarez (51 años) y Omar Alejandro García Escorsa (28 años).
El saldo es demoledor: 32 personas continúan hospitalizadas en distintos nosocomios y 33 han sido dadas de alta, muchas con secuelas irreversibles.
Entre las historias más dolorosas está la de Alicia Matías Teodoro (49 años), quien murió el pasado 12 de septiembre tras sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo mientras intentaba proteger a su nieta de 2 años. También destacan las muertes de jóvenes y adultos que apenas comenzaban o consolidaban sus proyectos de vida, como Ana Daniela Barragán Ramírez (19 años), Carlos Sánchez Blas (15 años), Irving Uriel Carrillo Reyes (20 años) y José Gabriel Hernández Méndez (17 años).
La lista negra crece con nombres que ahora son el reflejo del abandono, la falta de seguridad y la omisión de las autoridades: Armando Antillón Chávez (45), Misael Cano Rodríguez (39), Carlos Iván Contreras Salinas (29), Juan Carlos Bonilla Sánchez (40), Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57), Eduardo Noe García Morales, Juan Antonio Hernández Betancourt, Jorge Islas Flores y Jesús José Tovar García (40).
⚠️ Indignación y exigencia de justicia
Lo que inició como una explosión en un puente ahora es un drama nacional que exhibe negligencias, corrupción y ausencia de supervisión. Y mientras las familias lloran a sus muertos, Transportadora SILZA —la empresa responsable de la pipa— sigue en silencio, pese a que su póliza de seguro había vencido desde junio, dejando en la indefensión a las víctimas.
La ASEA y las autoridades capitalinas tampoco han dado explicaciones claras de por qué permitieron que una unidad sin seguro vigente y en condiciones cuestionables circulara en una zona de alta densidad poblacional.
Hoy, los 19 nombres de las víctimas son también un grito de justicia, un recordatorio de que la tragedia pudo evitarse y una advertencia de que la corrupción y la negligencia institucional también matan.