6 julio, 2025
Por Édgar Escamilla
Xalapa, Ver.- Rafael Vela Martínez, académico de la Universidad Veracruzana (UV), presentó una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito en turno del Séptimo Circuito, en la que impugna la prórroga del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez para el periodo 2025-2029, la cual —sostiene— fue otorgada mediante un procedimiento carente de legalidad y sin fundamento normativo.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La Jornada Veracruz, Vela Martínez asegura que la Junta de Gobierno de la UV actuó fuera de sus facultades al otorgar dicha prórroga sin haber publicado una convocatoria formal, sin un procedimiento establecido por la legislación universitaria y sin permitir la participación abierta de aspirantes, contraviniendo —según afirma— el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y diversas disposiciones de la Ley de Autonomía Universitaria.
“El procedimiento fue arbitrario, sumario e ilegal”, expone el demandante, quien además argumenta que la decisión del órgano universitario vulnera el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de igualdad al impedir que otros integrantes de la comunidad universitaria puedan participar en la designación del nuevo titular del cargo más alto dentro de la institución.
Como parte de sus argumentos, el académico destaca que la UV, al ser una universidad pública y autónoma, está sujeta al respeto de los principios constitucionales, tratados internacionales sobre derechos humanos y a los mecanismos democráticos para la elección de sus autoridades. En ese sentido, señala que la Junta de Gobierno debe ser considerada una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que sus actos tienen efectos jurídicos unilaterales y obligatorios.
Vela Martínez, quien se ostenta como miembro del Consejo Universitario y del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), sostiene además que cuenta con interés jurídico y legítimo al haberse postulado formalmente a través de una misiva fechada el 27 de junio y entregada a la Junta de Gobierno. La ausencia de una convocatoria pública, subraya, lo excluyó arbitrariamente de un proceso que por ley debería ser abierto, transparente y basado en los méritos académicos.
La demanda de amparo solicita expresamente que se deje sin efecto la resolución de prórroga emitida el 20 de junio de 2025 y que se ordene la publicación inmediata de la convocatoria para la elección de rector o rectora, conforme al marco legal y a los principios de equidad y legalidad que rigen la vida universitaria.
Además de invocar la Constitución Federal y la del Estado de Veracruz, el escrito se apoya en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aludiendo específicamente al principio pro homine —según el cual debe optarse por la norma o interpretación que brinde mayor protección a los derechos humanos—, así como al derecho de acceso a la justicia y a la participación en la vida cultural de la comunidad.
El caso podría sentar un precedente importante sobre los alcances del control judicial en las decisiones internas de las universidades públicas autónomas, especialmente en lo relativo a la designación de sus autoridades.
Hasta el momento, ni la Junta de Gobierno de la UV ni el propio rector Aguilar Sánchez han emitido una postura pública sobre la demanda.
La demanda solicita que el juzgado federal deje sin efecto la prórroga concedida y ordene la publicación inmediata de la convocatoria correspondiente, a fin de garantizar un proceso legítimo, equitativo y conforme a derecho para la elección del próximo Rector o Rectora de la Universidad Veracruzana.