| La lucha política… CON PLOMO Y MIEDO Cecilio García Cruz |
07 May 2025
En Veracruz, se llevan a cabo, con plena pasión, las campañas políticas, donde 212 aspirantes –de diferentes partidos políticos—se juegan hasta la vida por alcanzar el poder.
La contienda electoral 2025 ha rebasado los límites de la democracia formal.
Con 212 municipios en disputa, lo que está en juego va más allá de cargos públicos: se trata de poder real, de control territorial, de acceso a recursos y, para muchos, de sobrevivir en un entorno donde la política se entrelaza peligrosamente con el crimen organizado.
Cada uno de los aspirantes a presidencias municipales carga no solo con propuestas y discursos, sino con el riesgo latente de ser blanco de amenazas, extorsiones o incluso atentados.
En este estado, amar el poder puede costarte la vida, como ya sucedió en el inicio del proceso.
La lucha política ha dejado de ser simbólica para convertirse en muchas regiones, en un auténtico campo de batalla.
Las cifras no oficiales hablan de un creciente número de agresiones contra candidatos, principalmente en zonas rurales o estratégicas para ciertas economías ilícitas.
La violencia política no distingue partidos: se ensaña con quien desafía intereses establecidos.
Y mientras la ciudadanía exige transparencia y protección, muchos aspirantes se ven obligados a contratar seguridad privada o, peor aún, pactar con poderes fácticos para sobrevivir al proceso.
En este contexto, la elección en Veracruz no puede verse como una simple jornada democrática.
Es un espejo del país donde el poder no se disputa solo en las urnas, sino también en la calle, con plomo y miedo.
Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos, entre otras ciudades, son golpeadas continuamente por este flagelo que ha dejado una estela de asesinados y desaparecidos.
Factores socioeconómicos como el desempleo, la pobreza y la marginación generan un caldo de cultivo para que jóvenes sean reclutados por grupos que se dedican a suministrar bienes y servicios ilegales.
En consecuencia, la violencia no solo afecta a la población civil, sino que tensa también la política estatal y nacional, ya que pone en entredicho la gobernabilidad, la transparencia y la seguridad pública.
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