Mongabay Latam y Flavia Morales
28 junio, 2025
Por De la Redacción
José Luis Montero creció entre las montañas de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, un área protegida en el estado de Veracruz, México. Por eso, sabe que el bosque de niebla en las partes altas y la selva tropical en las partes bajas se conectan entre sí por corredores naturales, donde la fauna transita para alimentarse, refugiarse y reproducirse.
Recuerda que, cuando era niño, ir al bosque era un viaje que imponía respeto, un camino casi místico. Pero ahora, parte de esos árboles que miraba en su infancia desaparecieron y han sido enterrados por retroexcavadoras que día y noche sacan piedra y arena de ese bosque. “Vemos armadillos, osos hormigueros, aves y fauna que no se veía antes en tierras bajas. Nos da gusto, pero también es una alerta, porque están huyendo, porque su casa ya no existe debido a la extracción de material”, dice José Luis.
La reserva de la que habla es un corredor biológico que pasa por el municipio de San Andrés Tuxtla, en el Golfo de México, donde se une la Laguna Encantada con el volcán San Martín. A pesar de que fue declarada reserva de la biosfera y área natural protegida desde 1998, en la actualidad se enfrenta a amenazas constantes como la deforestación, ya que el 80 por ciento de su territorio es zona de amortiguamiento y solo el 20 por ciento corresponde al área núcleo conservada.
Una muestra de ello es que, en 2014, ese corredor fue cortado a la mitad por un proyecto de minería de arena, roca y grava a cielo abierto. Desarrollarlo implicó talar árboles y abrir caminos en nueve hectáreas de terreno.
Actualmente, hay otros 12 proyectos extractivos que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva. Algunos extraen grava y arena; otros han surtido en los últimos años de balasto al Tren Maya, un proyecto prioritario para el gobierno de México. Esta roca de origen volcánico se usa debajo de los rieles del tren para dar soporte y estabilidad.
La principal zona de explotación de balasto —donde hay cuatro minas a cielo abierto— se encuentra en el cerro de Balzapote, al norte de San Andrés Tuxtla. Allí también están los últimos reductos de bosque alto perennifolio (conocido como bosque “siempreverde”, pues sus árboles no pierden las hojas en todo el año) de la región. Ese cerro es hábitat de al menos 60 especies de mamíferos de las 139 que hay registradas en la reserva. Además, se encuentran aves migratorias y más de 300 individuos de mono araña.
Las explotaciones se encuentran, a su vez, a solo tres kilómetros del volcán San Martín, que hace parte del núcleo I de conservación de la reserva. Allí quedan algunos de los últimos fragmentos de selva tropical y de bosque de niebla del país, es decir, es un área clave para captar agua de lluvia, regular el clima y almacenar carbono.
Por eso, en 2014, cuando la Administración Portuaria de Veracruz solicitó un permiso para explotar balasto, diez científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidieron frenar la autorización y advirtieron del grave daño ambiental que podría causar el proyecto. En una opinión técnica insistieron con que Balzapote es parte de un corredor que permite la migración, el intercambio genético y el acceso a recursos vitales para numerosas especies, y que su pérdida representaría un grave desequilibrio ecológico.
Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas. En 2020, el permiso obtenido por la administración portuaria fue transferido a una empresa que, en 2021, avanzó con la explotación de balasto para el desarrollo del Tren Maya, a pesar de no contar con los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat). Por esto fue sancionada con una multa de 85 mil dólares y la clausura temporal de las operaciones.
Un área natural amenazada
Esta no ha sido la única amenaza a la conservación de la zona. En los límites de la Reserva Los Tuxtlas, que abarca más de 155 mil hectáreas, se han instalado otros 15 proyectos de extracción de grava, arena y balasto. De estos, solo la mitad cuenta con permisos vigentes, según información solicitada vía transparencia a la Semarnat.
Aunque el impacto ambiental es visible, las cifras de los daños provocados por la explotación varían según la fuente. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) reportó recibir 18 denuncias por tala clandestina y por extracción de balasto y material pétreo sin permisos. Por su parte, la administración de la reserva ha registrado 33 notificaciones relacionadas con estas actividades.
Sin embargo, solo en 10 casos se han iniciado expedientes administrativos y apenas en dos de ellos, en Balzapote, se han aplicado sanciones económicas, que ascienden a más de 3 millones de pesos mexicanos (150 mil dólares) por adelantar trabajos sin los permisos necesarios.
Entre otras afectaciones que la Profepa ha documentado, se encuentra una visita de inspección realizada en agosto de 2023 a San Andrés Tuxtla, donde se detectó la tala ilegal de 189 árboles. También, en junio del 2024, los impactos que causó un incendio en la selva alta perennifolia, en la zona de amortiguamiento de la Reserva los Tuxtlas, generado por una quema sin medidas de prevención.
El avance de la deforestación es evidente. Datos de Global Forest Watch indican que, entre 2002 y 2023, Los Tuxtlas perdió 794 hectáreas de bosque primario húmedo. Esta cifra representa 15 por ciento de toda la superficie forestal que se ha perdido en la región durante ese periodo. De igual forma, un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Ecología AC, entre 2006 y 2016, documentó una pérdida neta de 1776 hectáreas de cobertura forestal en 10 años en la reserva. Y 313 hectáreas eran de las zonas núcleo de conservación, principalmente en la sierra de Santa Marta y el volcán San Martín.
Minería, principal amenaza
La Reserva de Biósfera de Los Tuxtlas es un área natural protegida en la llanura costera del Golfo de México, que, además de albergar los últimos remanentes de bosque tropical perennifolio o “siempreverde”, resguarda al bosque mesófilo de montaña —árboles que crecen en las montañas donde hay neblina y mucha humedad—. Por esa combinación de ecosistemas, el área cuenta con una rica biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles, algunos en peligro de extinción.
Sin embargo, desde la creación de la reserva se han impulsado actividades como la minería bajo “permisos estrictos”, lo que contribuye a la degradación del área natural protegida.
Como se evidencia en los datos de transparencia entregados por las autoridades ambientales a Mongabay Latam, la mayoría de los proyectos de extracción no cuentan con las autorizaciones y estudios necesarios en materia de impacto ambiental.
Desde 2010 hasta 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas han rechazado ocho proyectos de extracción minera en la zona de amortiguamiento. A pesar de ello, algunos proyectos siguen avanzando.
La zona ha sido codiciada desde los años 70 y 80, cuando las primeras empresas llegaron para explotar el banco de roca para la construcción de la terminal marítima Dos Bocas, en el estado de Tabasco, y, luego, para la ampliación del puerto de Veracruz.
María, que vive frente a la playa del Balzapote y pidió mantener su verdadero nombre bajo reserva por temor a represalias, reconoce que el territorio era diferente: “Aquí era bonito, hay fotos que muestran que había pura playa corrida, pero el paisaje cambió. Antes se escuchaban los monos en las mañanas y en las tardes, ahora solo se escuchan los ruidos de las máquinas”.
Patricia Escalante, una de las científicas que firmó el documento para alertar por los daños a la reserva, lamentó que haya oídos sordos por parte de las autoridades ambientales, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. “Bajo el pretexto de que el Tren Maya es un proyecto de prioridad nacional, se han omitido los dictámenes de afectación”, aseguró.
Los habitantes de la zona también destacan otro proyecto minero que en 2013 hizo una solicitud ante la Semarnat, pero el permiso fue negado por la “baja calidad en los datos proporcionados”. Dos años después, en 2015, se volvió a ingresar la solicitud y, aunque la Semarnat entregó la autorización, estableció algunos condicionantes, como hacer áreas de conservación, reforestación y rescate de fauna.
Sin embargo, según defensores ambientales y habitantes de Los Tuxtlas, las acciones de reducción de impactos no han ocurrido. Lo cierto es que las imágenes satelitales evidencian cómo la excavación inició en 2014 y, desde entonces, ha avanzado a pasos agigantados. “Hemos visto cómo avanza la devastación, cómo han sido talados los árboles ancestrales. Nos preocupa, sobre todo, el tema del agua”, insiste José Luis.
¿Balasto sin permisos para el Tren Maya?
La extracción de material pétreo inició hace cinco décadas para la construcción de escolleras y carreteras, pero aumentó hacia 2021 debido principalmente a la demanda de balasto que generó el proyecto del Tren Maya.
Ese es el caso de una empresa que en 2023 solicitó un permiso para extraer balasto de un predio dentro de la zona de amortiguamiento, pues buscaba venderlo para el desarrollo del Tren Maya. El proyecto planteaba extraer más de 200 mil toneladas de material durante cinco años. Aunque el permiso fue negado por la Semarnat, por “contravenir el equilibrio ecológico”, el proyecto siguió avanzando, como se puede observar en imágenes de Google Earth.
Las imágenes satelitales de la zona también evidencian más de 15 áreas de extracción en los límites de la reserva. Según Paola Balderas, integrante del Colegio de Biólogos de México y asesora ambiental en la región, tres de esas zonas vendieron balasto al Tren Maya en 2021. Otras minas abrieron, pero no pudieron vender porque no cumplieron con la calidad que se requería. Sin embargo, insiste, su extracción sí dejó impactos en el territorio, como la alteración de los suelos, la modificación del paisaje y la deforestación.
Balderas también advierte que es “preocupante” que solo una mínima parte de estas 15 extracciones —alrededor de cinco— tengan un permiso vigente. En sus palabras, esto quiere decir que en la mayoría de explotaciones se extrae el material sin conocer los impactos ambientales.
“El estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es para identificar los impactos al suelo, por lo que debe hacerse un análisis del terreno y del entorno, así como hacer la propuesta de mitigación y establecer las medidas de compensación. Sin ello, estamos a la deriva”, insiste.
Como afirmó el entonces director de la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, Sergio Rodríguez, en una rueda de prensa en 2022, la entidad realizó inspecciones y sancionó a los proyectos que no contaban con el permiso para extraer material de Los Tuxtlas. Incluso, indicó que se hicieron convenios de compensación ambiental.
Sin embargo, en la actualidad, la dependencia se ha negado a dar los detalles de los procedimientos iniciados contra las empresas involucradas, manifestando que se trata de información confidencial.
El programa de manejo de la reserva advierte que, en época de lluvias, las áreas de extracción ocasionan gran cantidad de arena y piedra que es arrastrada hacia las poblaciones, a la laguna de Catemaco y hacia el mar. Además, menciona que los camiones cargados con material pétreo causan la compactación del suelo y que el aprovechamiento se ha realizado sin ningún tipo de medidas preventivas y correctivas de los impactos. También menciona que muchas de estas actividades se han realizado al amparo de permisos vencidos o sin permisos.
Deforestación por tabaco y ganadería
La Reserva de Biósfera de Los Tuxtlas también enfrenta una fuerte presión debido al crecimiento poblacional dentro de sus límites. Con más de 31 mil habitantes en su territorio, las actividades humanas han reducido drásticamente la superficie forestal: actualmente sólo el 38 por ciento conserva su cobertura boscosa original, mientras que 62 por ciento del territorio se dedica a actividades agropecuarias, según el programa de manejo de la reserva.
Además de la extracción de material pétreo, los principales motores de la deforestación en el área protegida son la ganadería extensiva y los cultivos de tabaco. Todas estas actividades ocupan más de 4 mil hectáreas dentro de la reserva.
José Luis Montero ha sido testigo de esta transformación y señala que el cultivo de tabaco es altamente agresivo con el entorno, debido al uso intensivo de agroquímicos como fungicidas, fertilizantes y plaguicidas. Según dice, los tabacaleros usaron la necesidad económica de los ejidatarios —habitantes que tienen derecho a usar y trabajar una parte de tierra que pertenece a una comunidad— para extenderse comprando tierras.
“Los tabacaleros rentaban tierras a 30 mil o 25 mil pesos (entre mil 300 y mil 600 dólares) por una hectárea, eso era como sacarse la lotería para el campesino. Pero el costo es alto, están usando productos tóxicos en la parte alta que llegan a nuestros ríos y matan toda la biodiversidad”, afirma.
Karina Boege Paré, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y quien trabaja en la región con un modelo de ganadería sostenible, advierte que aunque la reserva fue decretada hace más de 25 años como área natural protegida, en la práctica enfrenta devastación ambiental, ausencia institucional y un modelo extractivo que pone en riesgo su biodiversidad.
Boege relata un caso alarmante sobre cómo la desconexión entre lo que ocurre en la montaña y en las ciudades vecinas genera impactos reales. “San Andrés Tuxtla depende del agua que viene del volcán de San Martín y de los ejidos que están allá arriba. Y no hay ese aprecio, ese reconocimiento”, dice.
“El año pasado San Andrés se quedó una semana sin agua porque desmontaron para sembrar tabaco, y eso tapó las tuberías que surtían el agua del pueblo. Falta una responsabilidad territorial. Si se llegara a secar la Laguna Escondida por las graveras, ¿de quién sería la culpa? No hay herramientas legales para que quien cause estos daños ecológicos pague las consecuencias”, insiste.
Falta de presupuesto e inseguridad
A la problemática ambiental se le suma el abandono institucional por la falta de presupuesto y de vigilancia. Desde 2015, la reserva carece de un inspector de la Profepa. El último encargado, Miguel Ángel Puga Hernández, desapareció ese año y su camioneta fue hallada calcinada en un municipio cercano. Desde entonces no se sabe de su paradero.
La Profepa no ha enviado a un nuevo inspector a pesar de que el presupuesto para vigilancia de las 155 mil hectáreas de la reserva oscila en los 2 millones de pesos anuales (unos 108 mil dólares). Aunque Mongabay Latam consultó a la Profepa sobre las condiciones de seguridad en la zona y sus labores de vigilancia, al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Activistas y ambientalistas locales reconocen el deterioro de la zona, pero aseguran que temen hacer denuncias públicas por miedo a represalias por parte de empresas y autoridades municipales. La falta de vigilancia oficial, señalan, ha incrementado la vulnerabilidad de quienes intentan defender el territorio.
Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, lleva diez años trabajando en la zona y advierte que es urgente un programa integral de inspección y vigilancia con mayor personal y recursos. “La reserva está muy abandonada. Cada vez se está deteriorando más, es como tierra sin ley. No se respetan las restricciones que marca el plan de manejo y nadie vigila”, dice.
La esperanza que se mantiene
A pesar de todas las amenazas que enfrenta la Reserva de Biósfera Los Tuxtlas, la investigadora Escalante ha logrado reintroducir 250 guacamayas rojas, una especie que tenía 60 años sin registros en el lugar. Por eso piensa que no todo está perdido: “Sí se puede recuperar la reserva. Ya sabemos que se deforestó… ahora hay que restaurar. Y no lo podemos hacer solos”.
Frente a la falta de recursos y desatención por parte del Gobierno, comunidades, mujeres ganaderas y organizaciones civiles han asumido, desde los años 90, la defensa activa de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas.
Susana Rocha, que forma parte de la Asociación Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), destaca una decena de proyectos comunitarios para proteger manantiales que abastecen de agua a San Andrés Tuxtla. “Se han reforestado manantiales y se han adoptado prácticas sostenibles como la milpa [un sistema de cultivo tradicional], intercalada con árboles frutales y curvas de nivel”, explica.
Uno de los mayores esfuerzos se ha centrado en la Laguna de Sontecomapan, donde “se han restaurado más de 40 hectáreas de manglar desde 2014”, confirma Rocha. En esta zona estratégica, entre San Martín y Santa Marta, se han abierto canales para recuperar la hidrología y se promueve la educación ambiental con murales colectivos, talleres y recorridos con escuelas.
También existe la red de Ganadería Sostenible, creada en 2019, que ha logrado integrar a más de 30 ranchos en prácticas regenerativas.
La Laguna Encantada contribuye a la regulación del clima y a la conservación del suelo, y es parte de una red de cuerpos de agua que alimentan ríos y arroyos locales. Foto: cortesía Óscar Martínez
Rocha insiste en que es urgente una política territorial integral: “Aquí vivimos todos y somos los beneficiarios de la salud de estos ecosistemas o los perjudicados por su deterioro. Hace falta que las instituciones cumplan con su parte y que se fortalezcan las iniciativas que ya están en marcha”.
José Luis Montero también piensa que hay que actuar desde lo local. Dice que cuando vio el impacto del corredor biológico le dieron ganas de llorar, pero también de hacer algo por la tierra que ha pasado por varias generaciones de su familia.
Así ha impulsado prácticas de ganadería sustentable y de conservación de suelos en los alrededores de La Laguna Encantada. “Sembramos árboles nativos y dejamos parcelas para regeneración natural. Ya llevamos más de siete años de prácticas sustentables en el rancho”, relata. Hoy, parte de su predio luce como un bosque regenerado, un ejemplo de que la restauración ecológica es posible.
La bióloga Patricia Escalante señala que los cultivos de sombra como el cacao, la vainilla, la pimienta y la canela también ofrecen alternativas viables para las comunidades, al tiempo que conservan el hábitat para aves y otras especies. “No es lo mismo que la selva, pero es lo más cercano, y se recuperan muchas especies”, reflexiona.