En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ordenó el mayor despliegue militar en el mar Caribe desde la invasión de Panamá en 1989. Esta operación, que involucra más de 4,000 efectivos, destructores con misiles guiados, submarinos de ataque y aviones de vigilancia, tiene como objetivo declarado frenar el narcotráfico proveniente de América Latina y ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Las acciones emprendidas por Washington se enmarcan en una política de seguridad nacional más amplia que busca:
Interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico, especialmente aquellas que conectan Venezuela, Centroamérica y México con Estados Unidos.
Debilitar la infraestructura logística de los cárteles, mediante vigilancia aérea, interdicción naval y posibles ataques selectivos desde plataformas militares desplegadas.
Designar a los cárteles como organizaciones terroristas globales, lo que permite el uso de fuerza militar fuera del territorio estadounidense. Entre los grupos señalados están el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, este último presuntamente liderado por Nicolás Maduro.
Confiscar activos financieros vinculados al narcotráfico: hasta ahora, se han incautado más de 700 millones de dólares en bienes relacionados con Maduro.
Ofrecer recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de líderes criminales. La recompensa por Maduro asciende a 50 millones de dólares.
Reacción del Gobierno de Nicolás Maduro
La respuesta desde Caracas ha sido inmediata y desafiante:
Maduro anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, como parte de un “plan de paz” para defender la soberanía venezolana.
En sus declaraciones públicas, el presidente afirmó: “Nuestros mares, cielos y tierras los defendemos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de difamar a las autoridades venezolanas, calificando las acusaciones de narcotráfico como una “falta de respeto al pueblo”.
Diosdado Cabello, ministro de Interior, aseguró que Venezuela también tiene tropas desplegadas en el Caribe para proteger su mar territorial.
Comentarios Adicionales y Perspectiva Regional
Este despliegue militar ha generado preocupación en varios países latinoamericanos. México, por ejemplo, reafirmó su postura de no intervención y llamó a resolver los conflictos mediante instancias internacionales.
La operación estadounidense no solo busca frenar el narcotráfico, sino también limitar la influencia geopolítica de actores como Rusia, China e Irán, aliados del régimen venezolano.
Desde una perspectiva histórica, esta acción recuerda las doctrinas de seguridad hemisférica del siglo XX, pero con un nuevo enfoque: el crimen organizado como amenaza transnacional.
La narrativa estadounidense vincula el narcotráfico con la migración irregular, reforzando el discurso de “seguridad fronteriza” como justificación para el uso de fuerza militar.
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe representa un punto de inflexión en la política exterior regional. Más allá de la lucha contra el narcotráfico, se trata de una estrategia que combina presión diplomática, operaciones militares y sanciones económicas para debilitar regímenes considerados hostiles. La reacción de Nicolás Maduro, por su parte, refuerza el discurso de resistencia antiimperialista y moviliza recursos internos para consolidar su poder frente a una amenaza externa.