Por Alejandra Ramírez Calderón

3 julio, 2025

Como es bien sabido y está establecido en la legislación universitaria, en la Universidad Veracruzana debería de haber ocurrido un proceso normal de renovación de la rectoría en el que la Junta de Gobierno está mandatada por ley para expedir una convocatoria, registrar aspirantes, validar sus candidaturas, solicitarles acrediten los requisitos de la Ley Orgánica, abrir un espacio de divulgación y deliberación sobre sus propuestas.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Por el contrario, la Junta de Gobierno se atrincheró en el silencio, dejando correr los tiempos, sin hacer ninguna declaración pública y sin emitir convocatoria alguna. Solo después del vencimiento del periodo legal para hacerlo, declaró la “continuidad” de la actual rectora.

La decisión de la Junta de Gobierno es claramente violatoria del procedimiento legal establecido, por lo que no solo es irregular, sino ilegítima. Aunque pretendan justificarla con un dictamen jurídico de la propia oficina de la rectora, resulta evidente el conflicto de interés. ¿Cómo puede ser válida una interpretación legal hecha desde la oficina de la propia interesada?

Además, ese dictamen no fue dado a conocer públicamente ni sometido a discusión dentro de la comunidad universitaria. Todo se manejó con opacidad. Así, el proceso fue secuestrado por un grupo reducido que decidió por todos, cerrando cualquier posibilidad de participación democrática.

La comunidad universitaria ha reaccionado con indignación. Estudiantes, académicos y trabajadores han manifestado su rechazo a esta imposición y han exigido que se respete la legalidad y la autonomía de la UV. Se han organizado foros, protestas y pronunciamientos en diversas facultades y regiones.

Lo que está en juego no es solo la rectoría, sino el futuro de una universidad pública que debe regirse por principios democráticos, legales y éticos. La resistencia no es solo a una persona, sino a una forma autoritaria y opaca de tomar decisiones. La Universidad Veracruzana merece más.