Por Fanny Yépez
Caras vemos, antecedentes de alcaldes electos no sabemos
– Como el electo de Poza Rica, que está amparado
– Que Verónica Hernández si ha trabajado todos los días
Algunos alcaldes electos se les “olvido” confesar que enfrentan denuncias penales por diversos delitos, y ante el riesgo de ser detenidos, se han apresurado a tramitar amparos que los proteja ante cualquier orden de aprehensión.
Durante las campañas los “angelitos” en sus discursos hablaron de honestidad, probidad, rectitud, integridad, honradez, en fin, de todas las virtudes, pero lo único que omitieron es que ellos no respetaron estas probidades.
Un ejemplo es el alcalde electo de Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, quien solicitó un amparo ante un juez federal, para evitar ser detenido por elementos de la policía ministerial, ante la existencia de una orden de aprehensión en su contra, o presentación ante la autoridad encargada de procurar justicia.
Resulta, que el pasado 10 de junio, el alcalde electo de Poza Rica remitió un escrito a juzgadores federales en el que les pide ampararlo ante la posibilidad de “peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o desaparición forzada” de parte de autoridades del Estado.
El juez determinó que la petición del militante de MC deriva en actos como: “orden de búsqueda, localización, presentación, detención y aprehensión” de parte de la autoridad competente, por lo que le otorgó una suspensión provisional y se le pidió el pago de una garantía de mil pesos.
El caso de Emilio Olvera no es el único, hay otros casos similares de munícipes electos que están sumamente preocupados y ocupados, tramitando amparos federales para utilizar como escudo estos documentos para llegar en libertad el 31 de diciembre de este año y poder tomar protesta en libertad.
El alcalde electo se ampara contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, y otras autoridades.
El juez programó la audiencia incidental para el próximo 4 de agosto del 2025, antes de esa fecha la FGE deberá rendir un informe si existe una carpeta de investigación contra el alcalde electo y qué delito la motivó.
El alcalde electo pidió la suspensión definitiva, pero el juzgado le concedió la suspensión provisional, para el efecto de que el quejoso no sea obligado a presentarse o comparecer contra su voluntad con motivo de la orden de búsqueda, localización, presentación y detención que reclama y quede a disposición de este Juzgado, por lo que hace a su libertad personal y a la de la autoridad que lo requiera, para la continuación de la investigación, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.
También se establece que el político deberá comparecer voluntariamente, ante el Juez responsable que haya girado la orden de aprehensión que combate, las veces que sea requerido, para la práctica de las diligencias que correspondan respecto de la continuación del procedimiento que se instruya en su contra, lo que en su oportunidad deberán acreditar ante este Juzgado.
“Con el apercibimiento que de no cumplir con la obligación fijada en el párrafo que antecede dejará de surtir efectos la suspensión concedida”, dice el acuerdo publicado en estrados electrónicos.
Calma toros
El proceso de elección del Fiscal General del Estado de Veracruz para el período 2025, no es un proceso público y abierto como una elección popular. El cambio, se lleva a cabo a través de un procedimiento interno en la Fiscalía General del Estado, que implica convocatorias internas, evaluaciones de conocimientos y control de confianza, entre otros requisitos.
Precisamente en la conferencia de prensa que hoy lunes concedió la Gobernadora Rocío Nahle, explicó que se tendrá que esperar la aprobación del Congreso la reforma de ley que posibilitaría destitución de fiscal Verónica Hernández, o su ratificación. Dijo que independientemente de la decisión, el trabajo en la fiscalía debe continuar.
“Vamos a esperar a que el Congreso apruebe, le están haciendo ellos modificaciones, observaciones en la propia Comisión que me parecen excelente. Y una vez que salga pues ya dependiendo de cómo salga, si es, marcan la ratificación o marca la separación, pues ya se actúa.”
“Nosotros tenemos muy claro, aquí a lo que se viene es a trabajar, todos estamos trabajando, son siete meses que hemos estado en las Mesas de Seguridad con la fiscal y ella trabaja todos los días y todos los días está en la Mesa; y todos los días está informando y está haciendo lo propio, y si continúa o no continúa, quien esté en su lugar pues lo va hacer”, fueron sus palabras.
Son varios los tiradores que buscan con gran afán ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, pero antes los legisladores locales están haciendo las modificaciones a la ley para que en base a ello se inicie el proceso de elección.
Hay que recordar que el período de la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, concluye en 2029, ya que fue designada por un período de 9 años a partir de su nombramiento el 28 de mayo de 2020. Sin embargo, existe una iniciativa para reducir el periodo de la fiscalía a 4 años con posibilidad de ratificación por un segundo periodo.
El nombramiento original de la Fiscal General fue por 9 años, como se establece en el artículo 8 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y fue designado por el Congreso del Estado de Veracruz. Actualmente, el Congreso está considerando una iniciativa para modificar la ley y reducir el periodo a 4 años.
En tanto, recomendamos a los aspirantes que tengan paciencia y prudencia. En fin, que se tomen un té de tila y esperen a que los den los tiempos.
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