Por: Ileana Vianey Fonseca Barrera
Viernes, 02 de Mayo del 2025
Desde este mes, ningún documento extranjero servirá para registrar a bebés nacidos mediante vientres de alquiler. | Canva
La gestación subrogada, también conocida como “vientres de alquiler”, lleva años siendo un tema discutido en España. Aunque esta práctica es ilegal en el país desde 2006, muchas familias han recurrido a ella viajando al extranjero.
Recientemente, el Gobierno ha cerrado una de las últimas vías para su regularización: la inscripción de bebés nacidos por subrogación en los consulados españoles. Esta nueva medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca un antes y un después en la postura legal española.
¿Por qué en España no es legal la gestación subrogada?
Desde la entrada en vigor de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida en 2006, la gestación subrogada está prohibida en España. La legislación española establece que la maternidad solo puede atribuirse a quien da a luz, sin importar si existe un contrato previo que designe a otros como “padres de intención”.
Esta regulación busca proteger tanto a las mujeres gestantes como a los bebés, evitando su cosificación y explotación.
En 2022, con la reforma de la Ley del aborto, se dio un paso más al considerar la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres, y se prohibió la publicidad de agencias que la promuevan. A nivel europeo, cuando esta práctica es forzada, también constituye delito desde el año pasado.
Adiós a las inscripciones en consulados
A pesar de estas restricciones, muchas familias españolas continuaban viajando a países donde la gestación subrogada es legal —como Estados Unidos, Canadá o México— para acceder a esta vía de maternidad o paternidad.
Luego, inscribían a los bebés en consulados españoles mediante documentos médicos o resoluciones judiciales extranjeras.
Esto cambiará radicalmente con la nueva instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La normativa, que entró en vigor tras su publicación en el BOE, establece que ningún documento extranjero, sentencia judicial ni informe médico servirá para registrar en España a un bebé nacido por gestación subrogada. Ni siquiera en los registros civiles de los consulados.
Errores en la gestación subrogada en España
Hasta ahora, ciertos “errores” permitían que, en nombre del interés superior del menor, se reconociera legalmente a los bebés nacidos en el extranjero, a pesar de que el contrato de gestación subrogada es nulo en España.
Según datos del Ministerio de Justicia, solo en 2024 se registraron 154 bebés por esta vía en territorio español, y entre 2010 y 2021 hubo más de 3.200 inscritos en consulados.
La nueva instrucción busca eliminar este mecanismo. El objetivo es claro: blindar la jurisdicción española frente a una práctica que el Tribunal Supremo ha calificado como “contraria al orden público”, ya que cosifica tanto a las mujeres como a los niños.
¿Qué pasará ahora con los bebés nacidos por subrogación?
El Estado no puede impedir que los menores entren a España, pero a partir de ahora, los padres de intención deberán seguir un procedimiento más largo y complejo. Primero, tendrán que obtener los permisos correspondientes para que el bebé pueda viajar (pasaporte y visado emitidos por el país de nacimiento). Una vez en España, podrán iniciar un proceso judicial para determinar la filiación.
Esto podrá hacerse de dos formas:
Filiación biológica, si uno de los progenitores puede demostrar vínculo genético con el menor.
Filiación adoptiva, siempre que se pruebe la existencia de un núcleo familiar estable y con garantías suficientes.
Este procedimiento implica iniciar desde cero un trámite legal, que puede extenderse por meses o incluso años. Además, la instrucción establece que quedan suspendidas las solicitudes de inscripción pendientes al momento de la publicación del BOE.
Este veto en consulados es una nueva herramienta legal, pero no la última. Aún está pendiente la segunda lectura en el Consejo de Ministros de la futura Ley de Trata, donde se valora incluir expresamente la gestación subrogada como una forma de explotación.
La decisión del Gobierno de España de prohibir la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada en consulados reafirma el compromiso del país con los derechos de las mujeres y de la infancia, y pone freno a una industria multimillonaria que ha sabido adaptarse a los vacíos legales.