Los elementos policiacos acusaron de agredirlos con armas de fuego y traficar drogas.
Irineo Pérez Melo.- Wendy Rosas Rafael denunció la detención ilegal por parte de elementos de la policía estatal de cuatro de sus familiares, entre ellos un menor de edad, luego de haber acudido al penal de La Toma en el municipio de Amatlán de Los Reyes, a una audiencia por un proceso que se le sigue al esposo de su hija, por lo que exigió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En conferencia de presa, narró que el pasado 19 junio del año en curso, su hija Samanta Guadalupe Francisco Rosas acompañada de su hijo de cinco años y sus suegros, acudieron al citado reclusorio para una audiencia en la que sería liberado su esposo, pero que fue postergada.
Por ello, indicó que sólo ingresaron al penal a visita y saliendo de allí, alrededor de las 15:00 horas, ya no se tuvo contacto con ellos, por lo que procedieron a buscarlos en hospitales, por si habían ingresado por algún accidente que hubieren tenido, sin encontrarlos, por lo que presentaron una denuncia por desaparición y les confirmaron que se encontraban detenidos, sin especificar el lugar dónde se encontraban
De acuerdo con la información obtenida, los cuatro integrantes de la familia habrían sido detenido por haber agredido a una patrulla ministerial y amenazado a los agentes con un arma, considerando la acusación de falsa. “Me avisaron que mi hija estaba detenida en Xalapa, en los separos, y al llegar a la capital del estado se corroboró esta situación”.
Mencionó que al preguntar por su nieto de cinco años, le informaron que no sabían de su paradero. “Por la tarde, quisimos hablar con ellos, para avisarles que tenían un abogado, no les permitieron a ninguno de los tres hablar con sus abogados; no nos hicieron en ningún momento ni una llamada, con nadie”.
“Al niño se lo llevaron y ni siquiera se tomaron la molestia de avisarnos, o sea, es un menor de 5 años, se lo llevaron detenido también junto con ellos, por lo que ahora está muy afectado psicológicamente. Él ahora está en mi poder, me lo entregaron el lunes 23 después de muchas vueltas. “Mi hija me indicó que los primeros días estuvo con ellas, prácticamente detenido; el niño refiere que lo vendaron los ojos, algo traumático para mi nieto”, abundó.
Denunció que ni el fiscal encargado del caso no permitió a los abogados hablar con los detenidos, por lo que fue necesario promover un amparo para lograrlo, porque son muchas las anomalías y violaciones a los derechos humanos que se tuvieron, incluso, actos de tortura por parte de los elementos.
“A mi hija la golpearon. Ella señala que le pusieron juna bolsa en la cabeza, al igual que mi consuegra, incluso a mi nieto, quien vio como les pusieron algo en la cabeza a su mamá y a sus abuelos. Al menor le vendaron los ojos y lloraba porque no podía respirar, pues le taparon los ojos y parte de la cara, y pedía que le quitaran el trapo colocado, pues se estaba sofocando por falta de aire, hasta que una mujer policía se compadeció y le levantó el trapo y ya pudo respirar”, añadió.
Mencionó que el menor estuvo los primeros días detenido junto con los adultos y posteriormente fue canalizado al DIF, para luego se entregado a su abuela, con quien está actualmente.
Dio a conocer que ya interpusieron una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en contra de los policías y ahora está demandando la atención psicológica para su nieto, pues enfrenta una situación traumática a raíz de la detención de su madre y sus abuelos, sin justificación alguna.
Reiteró su exigencia al organismo ombudsman para que intervenga y pueda dar su declaración sobre el actuar de estos elementos policiacos, pues “es injusto que personas que están trabajando para el gobierno, que se supone deberían de cuidarlos, traten de esa manera a un niño de cinco años”.
Además, solicitó a Derechos Humanos intervenga en el caso de su hija, quien fue acusada de traficar drogas e ir armada, a fin de poder demostrar su inocencia, pero sobre todo que se investigue el proceder de los agentes ministeriales involucrados.
En su oportunidad, el abogado Juan José Aunion Segura acusó que “no le podían recibir esa denuncia después de haberla leído, obviamente, al ver la relatoría de esa denuncia, pues la persona que se encuentra al frente, pues yo creo que da aviso y se negaban a recibirla”.
No obstante, a ello, la señora solicitó y exigió, pues que es un derecho de que las instituciones reciban, la Fiscalía es indivisible y que, obviamente, la Fiscalía tiene la obligación de turnar la denuncia a quien corresponda de su área, ahora al área correspondiente.
Finalmente dio a conocer que, a final de cuentas recibieron la denuncia, pero aún no tienen número de carpeta, pero ya cuentan con el sello de recibido del acuse, así como también la queja de Derechos Humanos, “nosotros lo que queremos es que, independientemente de las denuncias que existen”, y pidió se hiciera público para que llegue esto a oídos de la señora Gobernadora y de la titular de Derechos Humanos.
