Mayo 15, 2025
AGENCIA INNOVA DIGITAL.- Ciudad de México.- La Contraloría del Estado de Veracruz ha hecho pública una alarmante denuncia que señala un presunto daño patrimonial superior a 1,600 millones de pesos durante la administración del ex gobernador Cuitláhuac García. Esta situación se agrava en un contexto donde la crisis en el sector salud de la entidad se hace cada vez más evidente, con una marcada escasez de medicamentos y tratamientos oncológicos, lo que ha llevado a la población a cuestionar la gestión y transparencia del gobierno estatal.
El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, denunció que Veracruz enfrenta un déficit crítico en el acceso a servicios de salud, lo que ha llevado a la ciudadanía a protestar por la falta de medicamentos esenciales. Según un informe interno de la Secretaría de Salud del Estado, “las contrataciones de empresas fantasmas y la incapacidad de demostrar el uso adecuado de los recursos han contribuido a esta grave situación”, afirmó un funcionario que prefirió permanecer en el anonimato.
El presidente nacional del partido opositor, Jorge Romero, se encuentra en Veracruz para denunciar esta situación. “Es inaceptable que los veracruzanos padezcan la falta de atención médica mientras se dilapidan recursos públicos en actos de corrupción”, enfatizó Romero durante una conferencia de prensa. Bajo su dirección, se ha presentado un punto de acuerdo en el Senado y la Cámara de Diputados para exigir la separación urgente de Cuitláhuac García de su cargo en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Senegas), lo que podría marcar un punto de inflexión en las acciones legales contra su administración.
El reclamo de Romero se alinea con un creciente descontento entre la población veracruzana, que ha visto cómo el despotismo central ignora las demandas locales por mayor transparencia y responsabilidad. “Los veracruzanos merecen un gobierno que actúe con honestidad y que no utilice su influencia para evadir la justicia”, declaró una líder comunitaria que representa a varias organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, algunos defensores del ex gobernador argumentan que estas denuncias son parte de una estrategia política para desacreditar a su administración. “Es importante recordar que en México la política y la justicia a menudo se entrelazan de manera compleja”, señaló un académico de la Universidad Veracruzana, quien pidió un análisis más exhaustivo de las acusaciones.
A medida que la presión política y social sobre el gobierno federal y estatal continúa en aumento, la exigencia por una respuesta contundente se vuelve cada vez más apremiante. La ciudadanía veracruzana espera que las autoridades actúen con rapidez y transparencias frente a las acusaciones de corrupción que manchan la imagen de su estado.
La situación en Veracruz es un recordatorio contundente de la necesidad de una mayor rendición de cuentas en la administración pública, y los próximos días podrían ser decisivos para determinar el futuro de los involucrados en estas serias acusaciones. La lucha por un gobierno más honesto y responsable sigue siendo una demanda primordial en esta región del país.