La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, prohibió al periodista Jorge González Valdez referirse a la gobernadora Layda Sansores San Román y ordenó que un “censor” o interventor judicial revise y apruebe cada publicación de él y del diario Tribuna sobre la mandataria estatal.
La medida se aplica tanto al periodista como al medio digital Tribuna, estableciendo la “intervención judicial de la plataforma”, que exige autorización previa de un representante del Tribunal Superior de Justicia.
Estas nuevas medidas sustituyen a las sanciones iniciales (prohibición de ejercer el periodismo por dos años y clausura de Tribuna) que fueron suspendidas el 9 de julio de 2025 por el Tribunal Colegiado del 31° Circuito por considerarlas “excesivas” y desproporcionadas.
El periodista deberá estar acompañado de un censor oficial en programas mediáticos, conferencias o al hacer declaraciones, y se le ordena abstenerse de opinar o publicar imágenes que se refieran a la gobernadora.
El proceso legal se inició por una denuncia de Sansores por presunto delito de odio; en paralelo, el vocero estatal Walther David Patrón Bacab demanda una indemnización de dos millones de pesos y amenaza con embargar su vivienda.
¿Por qué importa? Representa un claro escalamiento en el uso del poder judicial para censurar a medios y periodistas críticos, atentando contra la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
Sienta un precedente peligroso: legitima el uso de acusaciones de “odio” y medidas cautelares drásticas para silenciar voces disidentes en todo el país.
Detalles: Las restricciones incluyen la prohibición de actuar, declarar, opinar o publicar imágenes sobre Sansores, y cada contenido debe pasar por la supervisión y aprobación del censor designado.
La intervención judicial abarca la plataforma digital de Tribuna; un representante del Tribunal Superior de Justicia revisará previo a su publicación todas las notas y comentarios relacionados con la gobernadora.
Jorge González Valdez, jubilado desde 2017 y conductor de un programa en Telemar, niega ser autor de las columnas anónimas que se le atribuyen y rechaza las acusaciones de daño psicológico.
El proceso civil paralelo, promovido por el vocero estatal, exige a González Valdez el pago de dos millones de pesos como indemnización, con la amenaza de embargar su vivienda si no cumple.
Contexto: En los últimos meses, en Puebla, Sonora, Tamaulipas y Campeche se han documentado casos similares de “hostigamiento judicial” contra medios críticos del poder local.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Sansores, asegurando que la denuncia persigue un “reconocimiento de agresión de género” y no la censura del periodista.
El conflicto ejemplifica la tensión entre instancias judiciales estatales y federales, luego de que el Tribunal Colegiado del 31° Circuito suspendiera las primeras medidas por considerarlas desproporcionadas.
Jorge González Valdez: “Estas medidas son excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales; nunca se había visto un ataque tan directo contra la libertad de expresión.”
Layda Sansores: “No se trata de censura, sino de proteger mi dignidad frente a comentarios que constituyen violencia de género.”
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