Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y James Lael Jensen, de 68 años, ambos de Utah, se encargaban de lavar dinero para el cartel, indicó la Fiscalía
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un hombre y su hijo, ambos estadounidenses, de apoyar materialmente al Cartel Jalisco Nueva Generación, designado por el gobierno de Donald Trump como grupo terrorista, para quien realizaron transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de ingresos provenientes del contrabando de petróleo crudo.
“Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que está adoptando el Distrito Sur de Texas para combatir el flagelo de los cárteles de la droga”, declaró el Fiscal federal Nicholas J. Ganjei.Ganjei en declaraciones difundidas por la embajada en México.
Agregó que la estrategia de la Casa Blanca se centra no solo en los traficantes y los empleados directamente por los cárteles para apretar el gatillo, sino también contra sus cómplices y facilitadores. “Ya sea que entregues un arma al cártel, proporciones un auto o una casa de seguridad para contrabandistas, o les desembolsas dinero, tendrás que rendir cuentas”, advirtió.
El funcionario explicó que la acusación formal, emitida el pasado 22 de mayo, alega que Maxwell Sterling Jensen, de 25 años y residente de Draper, Utah, y James Lael Jensen, de 68 años y residente de Sandy, Utah, conspiraron para brindar apoyo material al CJNG lavando dinero. Los Jensen supuestamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Río Hondo.
Ambos también están acusados de presunta conspiración para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de los ingresos provenientes del contrabando de petróleo crudo. Asimismo, fueron cómplices de la entrada fraudulenta de aproximadamente 2 mil 881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.
“Casos como este ponen de relieve las relaciones, a menudo peligrosas, entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”, declaró Craig Larrabee, agente especial a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio. “Mediante una sólida colaboración y un trabajo de investigación incansable, nosotros y nuestros socios expusimos una posible operación a gran escala que presuntamente intentó transportar millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias. HSI mantiene su compromiso de proteger nuestra economía y exigir responsabilidades a los responsables”, añadió.
“Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró William Kimbell, agente especial interino a cargo de la DEA en Houston.
Subrayó que dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, se continuará explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado.
“Es una prioridad absoluta del FBI eliminar a las organizaciones terroristas extranjeras privándolas de los fondos que necesitan para operar y confiscando sus activos más valiosos”, declaró por su parte el agente especial a cargo del FBI, Aaron Tapp, de la Oficina de Campo de San Antonio. “Junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, utilizaremos todos los recursos y capacidades a nuestra disposición para garantizar que los cárteles violentos y cualquiera que facilite sus operaciones de forma corrupta rindan cuentas ante el pueblo estadounidense y no puedan establecerse en nuestras comunidades”, finalizó.