Una de las frases más acertadas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue la que escribió en su mensaje de despedida el lunes 30 de septiembre de 2024, al finalizar su administración federal: “El motor del cambio es el pueblo; sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. Y, a diez meses de su retiro, el tiempo le está dando la razón, pues ante la desbordada ola de violencia, rebasamiento de las autoridades por los grupos criminales y la corrupción de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, han tenido que ser los propios ciudadanos los que espontáneamente se han organizado para salir en rescate de algunas víctimas.
La semana anterior ocurrieron dos hechos en entidades diferentes que evidenciaron el hartazgo de la población que ya no soporta más los abusos no sólo de los grupos que extorsionan, secuestran y asesinan, sino ahora hasta de elementos del Ejército, una de las instituciones que eran de las más respetadas por los mexicanos.
El viernes pasado, por ejemplo, una denuncia ciudadana en redes sociales desató la indignación popular en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que tres jóvenes fueron agredidos físicamente durante una “revisión de rutina” realizada por elementos del 16.º Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tras someterlos, los militares les robaron 50 mil pesos, mil dólares y varios teléfonos celulares, propiedad de clientes del comerciante Miguel Ríos García.
Presuntamente los soldados huyeron en tres vehículos oficiales –un camión blindado y dos patrullas– que fueron perseguidos durante más de tres horas por el propio Miguel Ríos, padre de uno de los jóvenes afectados. La persecución culminó cuando cientos de ciudadanos se sumaron espontáneamente y lograron bloquear las unidades en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.
Ríos García, dueño de un negocio de reparación y venta de celulares, recibió el aviso cuando se hallaba en Monterrey, trasladándose de inmediato hasta Nuevo Laredo, donde localizó a los militares y comenzó una transmisión en vivo por Facebook, que se viralizó rápidamente mientras los seguía por distintas calles de la ciudad, lo que motivó que decenas de ciudadanos se sumaran al operativo civil hasta alcanzar a las unidades.
Durante la persecución, los elementos castrenses circularon en sentido contrario, brincaron camellones y colisionaron con varios vehículos, incluido el de Ríos, quien denunció daños en la suspensión, defensa y llanta de su camioneta.
Finalmente, la multitud interceptó en la avenida Ruiz Cortines, entre las calles Chihuahua y Fray Pedro de Gante, las patrullas 0916339 y 0916549 de la Sedena. El oficial al mando admitió haber revisado a los jóvenes, aunque negó el robo. Sin embargo, devolvió mil dólares y dos mil pesos en efectivo, comprometiéndose a darles el resto del dinero al día siguiente. Horas más tarde arribó al lugar el coronel David González Carrasco, comandante del 16.º Regimiento, quien sostuvo una negociación dentro de la camioneta del comerciante y se comprometió verbalmente a pagar los 48 mil pesos restantes y a cubrir los daños al vehículo, pero negándose a firmar cualquier documento que respaldara su promesa.
La indignación aumentó al evidenciarse el estado de ebriedad del coronel durante el encuentro. Testigos aseguraron que González Carrasco tenía aliento alcohólico, hablaba con dificultad y se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación.
El otro caso ocurrió dos días antes, el miércoles 23, en Toluca. Integrantes de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México bloquearon más de cinco horas dos autopistas de la entidad para exigir la búsqueda y liberación de su líder Bernardo Aldana, cuyos plagiarios exigían 2 millones de pesos de rescate. Por la presión, las autoridades se movilizaron y lograron rescatarlo gracias a las cámaras que permitieron un seguimiento y por denuncias telefónicas. Lo hallaron en la localidad de Soyaniquilpan, en un inmueble donde detuvieron a cinco jóvenes de entre 18 y 26 años de edad, y uno mayor de 48.
Lástima que en Veracruz no hubo la misma solidaridad ni acompañamiento en casos como la de la maestra jubilada y taxista secuestrada en Álamo-Temapache, doña Irma Hernández Cruz; aunque las organizaciones de los ruleteros sí respondieron al unísono, manifestándose este lunes 28 en las principales zonas conurbadas de la entidad para obligar al gobierno de Rocío Nahle a pausar y revisar las tarifas oficiales que ya habían entrado en vigor al ser publicadas la semana anterior en la Gaceta Oficial Estado ante las quejas de los usuarios por los cobros abusivos.
EMBAJADOR EN CANADÁ,
OTRO LASTRE PARA SHEINBAUM
Por cierto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum todavía sigue haciendo malabares con el escándalo del prófugo ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez, ligado al ex gobernador y actual líder del Senado, Adán Augusto López, cuando desde la Riviera Maya acaban de lanzarle tremendo obús a su representante diplomático ante Canadá, Carlos Joaquín González, ex mandatario estatal de Quintana Roo.
Resulta que, ayer, el embajador de México en Canadá fue señalado de haber entregado la entidad caribeña a la delincuencia organizada durante su mandato estatal; además implican a uno de sus hijos como el encargado de cobrar el denominado “derecho de piso” o extorsión.
El señalamiento lo hizo ni más ni menos que Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno durante la administración estatal del priista Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos por el delito de asociación delictuosa.
Mendicuti, que estuvo también en prisión entre 2018 y 2019 por desempeño irregular de la función pública –aunque luego fueron retirados los cargos–, aseguró sobre uno de los hijos del embajador: “lo van a reventar en las próximas semanas”.
La declaración la hizo el ex funcionario en un programa de radio de la estación local de Playa del Carmen “Playa FM 103.1”.
“Su hijo era el que cobraba los temas de los derechos de piso, su hijo era el intermediario para todos los temas de extorsiones (…) era el intermediario con los cárteles”, aseveró Mendicuti, aunque no aclaró cuál de los hijos del ex gobernador.
Obviamente, estas declaraciones provocaron una fuerte reacción en Quintana Roo, principalmente cuando varios personajes de la política local han iniciado una carrera adelantada por la transición para la gubernatura y ayuntamientos, a dos años de que se realicen los comicios.
Carlos Joaquín González fue gobernador de 2016 al 2022 en esta entidad del Caribe mexicano bajo la alianza PAN-PRD, aunque luego rechazó nexos con ambos partidos políticos y comenzó su acercamiento con el ex presidente López Obrador, de Morena.
Tras no oponerse a los proyectos federales en esta entidad, como el Tren Maya, AMLO finalmente lo nombró embajador de México en Canadá, cargo que hasta ahora ha ratificado la presidenta Sheinbaum.
“Carlos Joaquín González es un delincuente (…), necesitó dinero para su campaña, vendió al estado a la delincuencia”, aseguró Mendicuti.
Sin embargo, el ex secretario de Borge Angulo fue parte del gobierno cuando ocurrieron una de las mayores dilapidaciones del patrimonio público de esta entidad, que consistió en la venta de terrenos a precios extremadamente bajos en zonas de gran valor comercial, que peritos valuadores han estimado en un daño al erario por más de 900 millones de pesos.
Las principales acusaciones y denuncias penales ocurrieron precisamente durante el sexenio de Carlos Joaquín González, que concluyó en la aprehensión del ex gobernador Roberto Borge y varios de sus ex funcionarios, algunos de ellos aún continúan con procesos legales abiertos.
Durante el pasado sexenio del ahora embajador, se incrementaron los homicidios dolosos en un 180 por ciento con respecto a la anterior administración estatal, según refirió la agencia informativa APRO, la cual consignó que, hasta la redacción de esta nota informativa, Carlos Joaquín González, quien reside en Canadá, no había emitido un posicionamiento oficial.
Pero, aparte de este caso, hay un escándalo más que estaría por escalar mediáticamente sobre otro diplomático mexicano ligado familiarmente al senador Adán Augusto y que desde finales del año pasado ocupa uno de los principales consulados en Estados Unidos. También fue gobernador y lo ligan con el grupo criminal de La Barredora. Mañana daremos los detalles.