Gasoducto para el Polo de Desarrollo de Tuxpan es rechazado por indígenas nahuas del sur de Veracruz; se amparan ante proyecto neoliberal
Parte II
José Luis Ortega Vidal
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El día que anunció el proyecto de un Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) en Tuxpan de Rodríguez Cano, la gobernadora Rocío Nahle García remarcó las ventajas de impulsar un parque industrial en la puerta de la huasteca veracruzana:
“Tuxpan tiene características inmejorables, es donde tenemos la entrada de gas, que es el principal energético; tenemos agua y por supuesto electricidad, la Comisión Federal de Electricidad está terminando el segundo ciclo combinado de Tuxpan 2”, dijo.
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Este lunes trascendió la solicitud de un amparo por parte de pescadores y comerciantes del sector turístico en los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, cuyo litoral en el golfo de México colinda con el de Coatzacoalcos; quienes se oponen al gasoducto submarino Puerta al Sureste.
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Desde su discurso en “La Mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, el jueves veintiséis de junio, la gobernadora veracruzana destacó la entrada de gas natural a suelo veracruzano vía el municipio tuxpeño, lo que incluyó entre las “características inmejorables” para impulsar la industrialización en el tercer puerto de Veracruz.
Empero, al discurso de Nahle García se confronta el discurso y accionar de hombres y mujeres de mar, así como organizaciones civiles como Colectivo Altepee, uno de cuyos líderes e impulsores originales radica en Acayucan; así como el Centro de Derechos Humanos de los pueblos del sur de Veracruz; ATEPAC; Greenpeace México, entre otros.
Una nota del reportero Juan José García, publicada en AVC Noticias, detalla:
“La mayoría de las comunidades no estamos conformes, motivo por el cual el 15 de febrero realizamos una marcha de San Juan Volador a Playa Linda, manifestando nuestra inconformidad por constatar las primeras afectaciones de este megaproyecto a la madre naturaleza que nos da vida, con la mortandad de peces, de tortugas, aves y otras especies, cuando iniciaron pruebas en los ductos recién instalados”.
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La manifestación, queja pública y amparo de las comunidades costeras de la sierra de Santa Marta o sierra de Soteapan, en el sur veracruzano, es contra el gasoducto submarino Tuxpan-Coatzacoalcos, con 715 kilómetros de extensión, construido por la empresa norteamericana TC Energy, bajo contrato de la Comisión Federal de Electricidad e inversión de 3 mil 900 millones de dólares.
La obra está concluida y se habría inaugurado el pasado primero de mayo, tras haber iniciado su construcción durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y con Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad.
El gasoducto submarino cuenta con la capacidad de transportar diariamente 1 mil 300 millones de pies cúbicos; está conectado a una obra similar proveniente de Brownsville, Texas y conectada a los puertos de Altamira, en Tamaulipas, así como Tuxpan, en Veracruz.
El primer gasoducto submarino cuenta con una longitud de 800 kilómetros y un diámetro de 42 pulgadas; se autorizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y su conclusión fue anunciada el 17 de junio del 2019, al inicio del sexenio de AMLO.
La obra tuvo un costo de 2 mil 800 millones de dólares y fue ejecutada por el consorcio Infraestructura Marina del Golfo, una sociedad conjunta entre TC Energy Corporation (TransCanada), Infraestructura Energética Nova (IEnova) y Grupo CARSO de Carlos Slim.
Originalmente, el gobierno de la 4T sometió la obra heredada por el último gobierno priista a un arbitraje.
Esta acción causó tensión dentro de los ámbitos político y empresarial en ambos lados de la frontera, por retrasar la entrada en operación del gasoducto; al grado de generar la intervención del gobernador texano Gregg Abbot, quien envió una carta a López Obrador para pedirle luz verde…
Finalmente el gobierno morenista avaló el proyecto en agosto del 2019 y no sólo eso: durante el desarrollo sexenal de la 4T o Cuarta Transformación se contrató la ampliación para comprar más gas natural a productores texanos.
Con ello, se busca garantizar el abasto de la materia prima energética a los Polos de Desarrollo del Bienestar en El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; a la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco; así como a dos centrales eléctricas de turbinas de gas, en Mérida y Valladolid, Yucatán.
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Esta historia, basada en hechos que vinculan los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de la política energética de México y Estados Unidos, desnuda varias contradicciones discursivas y pone en la palestra problemáticas relevantes en el ámbito ecológico, democrático, económico y político del país y la entidad veracruzana.
1.- El discurso político de la Soberanía Energética se cae al comprobarse la dependencia mexicana frente al suministro de gas natural adquirido en Texas.
2.- Auto adoptada como coatzacoalquense, Rocío Nahle García promueve un Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tuxpan de Rodríguez Cano, mientras los indígenas nahuas de la sierra de Santa Marta, vecina de Coatzacoalcos –al que se le sigue suministrando agua desde la presa Yuribia, en Tatahuicapan- denuncian las afectaciones a su economía, visión y forma de vida basada en el respeto a la naturaleza.
3.- En términos prácticos, el PODEBIS en Tuxpan se anunció el pasado 26 de junio; pero de los diez PODEBIS planificados desde hace siete años en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, no existe ninguno; ni en Oaxaca, ni en Veracruz; y todos dependen y dependerán, entre otros factores, del gas natural texano.
4.- En Veracruz, el amparo promovido por pescadores y prestadores de servicios turísticos contra el gasoducto submarino Puerta al Sureste, tiene un peso político menor comparado con las protestas de pueblos originarios en la zona zapoteca de Oaxaca, que provocaron represión y encarcelamiento por parte de fuerzas federales.
Del lado oaxaqueño, en el istmo de Tehuantepec se ha luchado por lo mismo: contra los daños ecológicos, la afectación a prácticas culturales milenarias, así como la ausencia de la voz indígena en la toma de decisiones.
Aun cuando se anunciaron consultas a los pueblos indígenas para conocer su postura respecto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, existen señalamientos sobre eventos manipulados desde el Estado para disfrazar un aval inexistente.
El gasoducto submarino Texas-Tuxpan-Coatzacoalcos y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, son proyectos del modelo macroeconómico neoliberal; concepto que la 4T niega desde su estructura discursiva, rechaza que exista en su agenda ideológica y operativa, aunque forma de su rostro profundo.
CONTINUARÁ
